La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal dedicada, presuntamente, a estafar a ancianos para apropiarse de sus viviendas. La operación, que incluye Murcia entre las zonas afectadas, se ha saldado con 32 detenidos acusados de estafa, falsedad documental y blanqueo de capitales. El líder de la organización ha ingresado en prisión por orden judicial. Se han practicado 10 entradas y registros en Madrid, Valdemoro, Leganés, Getafe, Ciudad Real y Murcia.
La investigación arrancó en abril de 2025 tras la denuncia de un familiar de una víctima en Alcalá de Henares. A medida que avanzaban las pesquisas, los agentes detectaron nuevas denuncias con un modus operandi idéntico, lo que permitió acreditar la existencia de una organización jerarquizada, altamente especializada y con vocación de permanencia.
Cómo operaba la red
La organización se ocultaba bajo la apariencia de empresas de venta a domicilio de productos relacionados con la salud, el hogar o la cultura. Las víctimas, personas mayores que vivían solas y que en muchos casos presentaban limitaciones físicas o cognitivas, firmaban contratos de financiación que generaban una deuda creciente e insostenible.
En una segunda fase, otras sociedades vinculadas al entramado se presentaban como intermediarios jurídicos o financieros. Ofrecían solucionar los problemas económicos generados por esas mismas compras mediante una supuesta «segunda oportunidad», que acababa cobrándoles cantidades desproporcionadas a través de una nueva financiación.
Cuando las víctimas ya estaban económicamente asfixiadas, la organización les proponía la transmisión de la nuda propiedad de su vivienda por un precio muy inferior al valor real como única vía para saldar la deuda. Al fallecer las víctimas, sus herederos descubrían que las propiedades pertenecían a terceros vinculados a la red criminal.
El alcance de la operación
La explotación operativa se llevó a cabo entre el 22 y el 29 de junio. Como resultado, se ha logrado el bloqueo registral de 47 inmuebles adquiridos mediante estas estafas a personas mayores, así como el bloqueo de cuentas bancarias y sociedades mercantiles por un importe de hasta 4.000.000 de euros. Los 32 detenidos han quedado a disposición judicial, decretándose el ingreso inmediato en prisión del cabecilla del grupo criminal.
