La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, ha reclamado al Gobierno de España que refuerce la vigilancia de las costas del municipio tras la llegada, este miércoles 19 de agosto, de una patera a Cala del Barco, con una decena de personas a bordo. La regidora ha pedido más medios humanos y tecnológicos para que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado puedan detectar este tipo de embarcaciones antes de que lleguen a tierra.
El desembarco fue presenciado por bañistas y turistas que se encontraban en la zona, quienes grabaron con sus móviles tanto la llegada de la embarcación hasta la playa como el desembarco de los ocupantes y la posterior huida de la patera.
«Esto no puede normalizarse. No podemos aceptar que las mafias que trafican con personas tengan tanta facilidad para llegar hasta nuestras costas», ha señalado Arroyo, que ha defendido una política migratoria «seria, ordenada y segura».
Preocupación por el punto exacto del desembarco
La alcaldesa ha subrayado que las imágenes no dejan lugar a dudas y que resulta especialmente preocupante que la embarcación haya alcanzado precisamente Cala del Barco, «un punto muy concreto de nuestra costa y bastante cerrado». «Si una patera puede llegar hasta una cala como esta, desembarcar a plena vista de ciudadanos y después marcharse, tenemos que preguntarnos cómo está funcionando el control de nuestras fronteras marítimas», ha afirmado.
Cartagena, único municipio que recibe inmigrantes derivados al Hospital Naval
Arroyo ha recordado que Cartagena «lleva tiempo denunciando que está pagando las consecuencias de la ausencia de una política migratoria seria por parte del Gobierno de Pedro Sánchez», ya que sigue siendo el único municipio de España que recibe tanto la llegada de inmigrantes por costa como a quienes el Gobierno deriva hasta el Hospital Naval, un campamento que se presentó como temporal y que continúa en funcionamiento.
En este sentido, la alcaldesa ha exigido que el Gobierno ejerza sus competencias y no deje solos a los municipios y comunidades ante las consecuencias de la inmigración irregular, reclamando «una política migratoria nacional, con control de fronteras, medios suficientes y coordinación con los países de origen y tránsito, y con los organismos europeos encargados de la vigilancia de las fronteras».
«Cartagena es una ciudad solidaria y abierta, y, a la vez, también necesita que sus costas estén protegidas y que los cartageneros tengan la seguridad de que existe un control efectivo de nuestras fronteras. Lo que hemos visto hoy, como lo que estamos viendo y viviendo en Ceuta, demuestra que algo está fallando y que el Gobierno tiene que actuar», ha concluido Arroyo.
