El Gobierno regional ha reclamado al Ejecutivo central compatibilizar la seguridad de las personas y de los bienes frente a las inundaciones sin frenar la construcción de vivienda ni el desarrollo de los municipios. Así lo expresó el consejero de Infraestructuras y Desarrollo Territorial, Jorge García Montoro, durante el acto de toma de posesión de la nueva Junta Rectora del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Región de Murcia, que preside nuevamente Lázaro Badenes, donde el consejero dio a conocer las alegaciones presentadas por la Comunidad al proyecto de Real Decreto por el que se adoptan medidas de gestión de los riesgos de inundación.
Se trata de un total de 36 alegaciones, elaboradas por las direcciones generales del Agua y de Ordenación del Territorio y Arquitectura, que cuestionan las nuevas restricciones sobre los usos del suelo, los plazos previstos para adaptar el planeamiento urbanístico y las discrepancias detectadas entre los datos que determinan la cartografía de zonas inundables y los que se deducen de los datos oficiales de aforo. García Montoro insistió en que «el Gobierno central no puede limitarse a poner nuevas restricciones sobre el suelo a los ayuntamientos, mientras siguen pendientes las infraestructuras de defensa y contención que necesita la Región de Murcia para reducir el riesgo de inundaciones, y que llevamos años reclamando».
El consejero señaló que la Región se enfrenta a «una regulación excesivamente restrictiva en algunos de sus planteamientos, con problemas técnicos y de seguridad jurídica que deben resolverse antes de que sus nuevas limitaciones tengan efectos sobre el territorio», subrayando que los mapas de inundabilidad condicionan directamente el desarrollo de los municipios y, por ello, deben elaborarse sobre datos fiables y suficientemente justificados. Además, advirtió de que esta regulación llega en un momento en el que resulta necesario facilitar la construcción de vivienda, y podría dificultar todavía más el acceso a la misma si reduce la disponibilidad de suelo y obliga a los ayuntamientos a adaptar sus planes generales en un plazo de cinco años que, a su juicio, no se corresponde con los tiempos reales de tramitación del planeamiento urbanístico.
Las alegaciones presentadas señalan que, una vez transcurrido ese plazo sin que se haya producido la adaptación, los organismos de cuenca podrán informar desfavorablemente sobre los actos de desarrollo del planeamiento, lo que podría añadir nuevas dificultades a la tramitación urbanística de los municipios. García Montoro cuestionó también las limitaciones previstas para los usos bajo rasante, que afectan a garajes subterráneos y sótanos, y reclamó que «la prevención de las inundaciones no se base únicamente en prohibiciones y restricciones, sino también en la ejecución de las obras de defensa y contención, porque estas infraestructuras grises además de proteger a las personas, reducirían esas restricciones, compatibilizando la seguridad con el desarrollo urbano».
Diferencias de hasta el triple en los datos de caudal
El Ejecutivo regional reclama además al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) una revisión de los datos que determinan la cartografía de zonas inundables, al detectar «diferencias de hasta más del triple entre los caudales utilizados para elaborar los mapas y los datos oficiales de aforo», según explicó el consejero.
Las alegaciones ponen de manifiesto que, para el entorno de la ciudad de Murcia, el caudal de cálculo para un periodo de retorno de 100 años utilizado por la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) es de 596 metros cúbicos por segundo, frente a los 350 metros cúbicos por segundo que se deducen de los datos oficiales de aforo publicados por el propio Ministerio. En el Reguerón, la diferencia resulta todavía mayor, con 373 metros cúbicos por segundo frente a 110, más del triple. El documento reclama que estas discrepancias sean explicadas y resueltas antes de que la cartografía tenga nuevos efectos normativos, al considerar que pueden afectar directamente a las posibilidades de desarrollo de los municipios.
