El portavoz y líder de MC Cartagena, Jesús Giménez Gallo, ha registrado formalmente la solicitud de convocatoria de un Pleno extraordinario para exigir un plan de choque inmediato contra las deficientes condiciones térmicas que sufren los colegios públicos del municipio. Respaldado por el artículo 46.2 de la Ley de Bases de Régimen Local, al contar con la firma de la cuarta parte de los concejales de la corporación, Giménez Gallo ha calificado la situación de «dejación de funciones intolerable que afecta directamente a la salud de los menores».
Un Pleno extraordinario sin aire acondicionado para visibilizar el problema
La iniciativa exige al Consejo de Gobierno de la Región de Murcia y a la Consejería de Educación que ejecuten con carácter urgente un plan integral de climatización en todos los centros educativos públicos de Cartagena, que incluya la instalación de sistemas eficientes, la adecuación de las redes eléctricas y la creación de zonas de sombra en los patios.
Como medida para evidenciar la gravedad del problema, Giménez Gallo ha propuesto que la sesión del Pleno extraordinario se celebre íntegramente sin encender los sistemas de climatización del salón de plenos. «Queremos que los miembros de la Corporación, y especialmente el Gobierno local, conozcan directamente y en sus propias carnes las condiciones que soportan alumnos, docentes y trabajadores durante los periodos de mayor calor», ha señalado, añadiendo: «Si resulta inaceptable celebrar una sesión sin aire acondicionado, es mucho más inaceptable que miles de niños estudien en esas condiciones».
El líder de MC ha reclamado también transparencia en el reparto de fondos autonómicos destinados al confort térmico educativo: «Exigimos que las inversiones se distribuyan conforme a criterios objetivos de necesidad. Ya está bien de discriminar a Cartagena; exigimos un trato equitativo».
Giménez Gallo ha concluido manifestando el apoyo de su grupo a las reivindicaciones de las AMPAS, docentes y organizaciones del sector: «La climatización no es un lujo, es una medida vinculada a la protección efectiva de los derechos de la infancia, la salud pública y la calidad educativa». El acuerdo definitivo que se adopte en el Pleno será trasladado al presidente de la Comunidad Autónoma y al consejero de Educación.
