La Policía Nacional y la Guardia Civil, en operación conjunta desarrollada en el marco de las operaciones «Daifum» y «Cuper», han detenido a dos hombres de 27 y 46 años como presuntos responsables de una trama dedicada a estafar a empresas proveedoras mediante la suplantación de la identidad de otras mercantiles legítimas.
La investigación ha permitido identificar hasta el momento catorce empresas afectadas, diez de ellas víctimas de estafas consumadas y otras dos de tentativas de fraude, con un perjuicio económico de más de 66.000 euros. Además, una de las tentativas, valorada en 62.000 euros, pudo ser frustrada antes de que llegara a materializarse.
La investigación se inició a comienzos del mes de abril de 2026, cuando el Equipo @ de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Alicante detectó la utilización fraudulenta de la identidad de una mercantil de la provincia de Alicante.
Paralelamente, en mayo de 2026 llegaron dos denuncias a Policía Nacional de Murcia, por la usurpación de la identidad de una empresa de Molina de Segura, que después conectaron con una tercera denuncia interpuesta en julio de 2026, en Valencia, respecto a un proveedor afectado por otra empresa suplantada también de Murcia.
A partir de ese momento se estableció una investigación conjunta entre la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Jefatura Superior de Policía de la Región de Murcia y el mencionado Equipo @ al comprobarse que la actividad del grupo afectaba a distintas provincias españolas.
Modus operandi
Los investigados empleaban la denominación social, el CIF, el domicilio, documentación mercantil y direcciones de correo electrónico creadas para aparentar ser empresas reales, haciéndose pasar por sus responsables. Con esa apariencia de solvencia solicitaban presupuestos y realizaban pedidos de material de climatización, calefacción, electricidad y otros suministros industriales, que adquirían a crédito sin intención de abonarlos.
Una vez aceptados los pedidos, concertaban la entrega de la mercancía en polígonos industriales o zonas apartadas, modificando en ocasiones el lugar de entrega poco antes de la recepción y adoptando medidas para dificultar su detección. Uno de los intentos de fraude, valorado en 62.000 euros en equipos de climatización, fue detectado antes de que la mercancía llegara a ser entregada, lo que permitió evitar el perjuicio económico.
La identificación de los responsables fue posible gracias al análisis conjunto de las pruebas e indicios obtenidos durante la investigación, las declaraciones de víctimas y testigos y las distintas gestiones operativas desarrolladas por ambos cuerpos. Las pesquisas permitieron determinar que uno de los detenidos desempeñaba un papel esencial en la logística de la organización y que ambos actuaban de forma coordinada para dar apariencia de legalidad a las operaciones fraudulentas.
Detención y resultado
El pasado 28 de julio, agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil establecieron un dispositivo conjunto en una zona industrial del paraje El Cabildo y La Campana, en el término municipal de Lorca (Murcia), donde procedieron a la detención de los dos investigados. Uno de ellos intentó huir al percatarse de la presencia policial, siendo interceptado pocos instantes después. Sobre este detenido pesaba además una orden de ingreso en prisión dictada por la Audiencia Provincial de Madrid.
Durante la actuación se intervinieron un camión de plataforma, una motocicleta de gran cilindrada, cuatro teléfonos móviles, un dispositivo de localización GPS, un arma prohibida y 1.880 euros en efectivo.
Finalmente, a los detenidos se les imputan los delitos de estafa, falsedad documental, usurpación de estado civil y pertenencia a grupo criminal. El detenido de 27 años ha quedado en libertad, mientras que para el de 46 años se ha decretado el ingreso en prisión provisional, al ser considerado uno de los principales responsables de la trama. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas actuaciones.
La Policía Nacional y la Guardia Civil recomiendan a las empresas verificar la identidad de sus clientes y proveedores antes de formalizar pedidos o conceder operaciones comerciales a distancia, especialmente cuando se trate de solicitudes de elevado importe o existan cambios de última hora en las condiciones de entrega.
