La Consejería de Salud ha reivindicado el papel desempeñado por el propio Servicio Murciano de Salud (SMS) en la investigación judicial sobre el presunto fraude en la compra de prótesis, al recordar que fue la propia Administración sanitaria la que puso los hechos en conocimiento de la Justicia tras detectar irregularidades en los procesos de facturación.
Así lo defendió este jueves la consejera de Salud, Isabel Ayala, durante su comparecencia ante la Asamblea Regional, donde detalló las medidas adoptadas por el SMS desde que se inició la investigación y anunció nuevos mecanismos para reforzar el control interno del sistema sanitario público.
«La investigación que se está desarrollando está basada en la denuncia que realizó la propia Consejería de Salud», subrayó Ayala, quien recordó además que el Servicio Murciano de Salud está personado en la causa judicial en calidad de perjudicado.
Como una de las principales novedades, la titular de Salud anunció la creación de una unidad específica destinada a reforzar el control económico del sistema regional sanitario. Este nuevo dispositivo estará integrado por cuatro inspectores que trabajarán en exclusiva dentro del Servicio de Inspección Sanitaria.
A ello se sumará el impulso del futuro Registro Regional de Prótesis Implantables, una herramienta que permitirá mejorar la trazabilidad de este tipo de productos sanitarios.
«Vamos a seguir reforzando los controles tanto desde un punto de vista económico como asistencial, avanzando con la puesta en marcha del Registro Regional de Prótesis Implantables como elemento fundamental en la trazabilidad», afirmó.
Durante su intervención, Ayala recordó que el Servicio de Inspección Sanitaria ya había sido reforzado previamente. Según explicó, desde 2025 se han incorporado 15 nuevos profesionales, entre inspectores médicos, farmacéuticos y personal de enfermería, con el objetivo de incrementar la capacidad de supervisión del sistema.
Respecto a la investigación judicial en curso, la consejera señaló que actualmente existen 13 personas investigadas y destacó que entre ellas «no hay ningún cargo político». Por ello, pidió «dejar a la Fiscalía y al juez que hagan su trabajo» y evitar mensajes que, a su juicio, puedan generar alarma o confusión entre la ciudadanía.
Ayala insistió en que las pesquisas se centran en un presunto fraude económico relacionado con la adquisición y facturación de material sanitario y que fue precisamente el seguimiento habitual realizado por el SMS el que permitió detectar un incremento anómalo en la facturación, desencadenando una investigación interna que posteriormente derivó en la denuncia ante la Justicia.
En este contexto, quiso lanzar un mensaje de tranquilidad a los usuarios del sistema sanitario regional. La consejera aseguró que todos los hospitales del SMS y los centros concertados cuentan con procedimientos de calidad y seguridad destinados a garantizar la correcta asistencia sanitaria.
«Todos los productos sanitarios que se utilizan en nuestros hospitales están autorizados y avalados técnicamente», afirmó, al tiempo que pidió que no se genere confusión sobre la seguridad de los tratamientos recibidos por los pacientes.
Durante la comparecencia, Ayala repasó también algunas de las actuaciones adoptadas desde que se conocieron los hechos. Entre ellas, destacó la suspensión inmediata de empleo y sueldo de los responsables de la Unidad de Aprovisionamiento Integral y del jefe de sección de Radiología Vascular Intervencionista del Área I.
«Hemos actuado con diligencia y transparencia porque somos los primeros interesados en que se esclarezcan los hechos y que caiga el peso de la ley sobre los responsables», sostuvo la consejera, quien recordó además que en enero del pasado año ya se acometió una renovación relevante de puestos dentro del SMS para reforzar la vigilancia en este tipo de procedimientos.
En paralelo, la Consejería revisó las historias clínicas relacionadas con el caso y continúa evaluando de manera exhaustiva a los pacientes atendidos por el médico investigado en un centro concertado. Según indicó Ayala, hasta el momento no se ha detectado ninguna incidencia clínica relacionada con la implantación de material inadecuado.
Por otro lado, anunció que el Gobierno regional emprenderá todas las acciones necesarias para recuperar el dinero que presuntamente haya podido ser defraudado. En este sentido, pidió a los grupos de la oposición que permitan trabajar a la Policía y a la Justicia «en lugar de pretender utilizar la salud de las personas como herramienta política».
La consejera concluyó su intervención apelando a la confianza de los ciudadanos en el sistema sanitario público regional y poniendo en valor la labor de sus profesionales.
«El Servicio Murciano de Salud está constituido por más de 29.000 excelentes profesionales que se esfuerzan cada día por ofrecer la asistencia sanitaria de calidad que merecen todos los ciudadanos de la Región y que es un servicio del que nos podemos sentir orgullosos», concluyó.
