El Gobierno regional defiende la necesidad de alcanzar unas «reglas del juego justas» para los agricultores y ganaderos de la Región de Murcia. El consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Joaquín Buendía, participó hoy en la Conferencia Sectorial de Agricultura y en el Consejo Consultivo de Política Agrícola para Asuntos Comunitarios, donde reclamó que la financiación de la Política Agraria Común «garantice el futuro y la viabilidad de las explotaciones agrarias».
«No podemos admitir una PAC que no apoye a nuestros agricultores», afirmó Buendía, quien recordó que «las políticas comunitarias deben amoldarse a la realidad del campo» y demandó que la gestión de las ayudas permanezca en manos de las Comunidades Autónomas, «que son las administraciones que mejor conocen el terreno». En este sentido, el consejero solicitó un Marco Financiero Plurianual que preserve una PAC «fuerte, dotada de financiación suficiente y estabilidad para responder a la diversidad productiva de España frente a la incertidumbre de un fondo único», y advirtió de los riesgos que conllevan los requisitos de cofinanciación nacional o regional, al considerar que «podrían generar desigualdades territoriales en el acceso a las ayudas».
Buendía puso el foco especialmente en la situación del secano regional. «Nuestro secano tiene unas características muy especiales. En estos últimos años, conseguimos que se reconociera la realidad climática de nuestra región a la hora de aplicar los eco-regímenes, y hoy hemos reclamado un régimen de ayudas directas adaptado a las condiciones de aridez extrema para los cultivos leñosos de secano», señaló. A su juicio, las ayudas directas a la renta «deben reconocer obligatoriamente esta singularidad climática» ya que, de lo contrario, «se estará castigando doblemente a nuestros agricultores».
El titular de Agricultura reclamó también soluciones ante los problemas de sanidad vegetal que afrontan los productores de la Región, demandando la autorización excepcional de los productos solicitados desde la Comunidad. «Hoy volvemos a ver cómo en otros países europeos se autorizan productos que se deniegan a nuestros agricultores. Lo que estamos intentando evitar con los productos de terceros países no puede suceder con productos de países europeos; el Ministerio tiene que tomar una decisión», advirtió.
En relación con el sector pesquero, Buendía incidió durante el Consejo Consultivo de Política Pesquera en que «la sostenibilidad ambiental no puede ser la ruina de los pescadores», reclamando alcanzar los 180 días de faena «para salvar a nuestra flota de arrastre». El consejero subrayó que desde el Ministerio «no se puede consentir que las restricciones estrangulen y rompan el equilibrio económico y social de los pescadores», y exigió que el Gobierno central se alinee con los países mediterráneos para que las decisiones normativas se basen en la recuperación real que avalan los datos científicos de los caladeros. «El Mediterráneo no es el Atlántico; exigimos un marco normativo adaptado a nuestra realidad pesquera con embarcaciones pequeñas», apostilló.
El consejero calificó además de urgente la simplificación de las obligaciones de notificación, la priorización de los controles en tierra y la eliminación de segmentaciones artificiales y dobles limitaciones, como las impuestas sobre la gamba roja. En su intervención, denunció que el Reglamento de Control y los planes de gestión «imponen cargas desproporcionadas» a una flota caracterizada por embarcaciones pequeñas que regresan a costa en el mismo día, y reiteró la necesidad de «respaldar el papel esencial de instituciones como las Cofradías de Pesca, auténticas garantes de la actividad tradicional y de la comercialización local».
