Por Estudio Jurídico Torrente, abogados penalistas en Cartagena
Dicen los clásicos que no hay vicio más rentable que la confianza ajena, y en esto, como en tan poco, los siglos no han desgastado la sentencia.
El estafador —esa figura literaria que va del pícaro de Lazarillo al caballero de industria decimonónico— ha sido siempre, ante todo, un experto en el alma humana: sabe que no roba con la fuerza, sino con la palabra; que no derriba puertas, sino certezas. Cervantes entendió el delito de estafa antes que ningún criminólogo: el timo no es un asalto, es una representación teatral en la que la víctima, sin saberlo, hace también su papel.
Lo único que ha cambiado, en pleno siglo XXI, es el decorado. Antes era la plaza del pueblo o el salón de una casa señorial; hoy es la pantalla de un teléfono, y el reparto de la función ni siquiera necesita coincidir en el tiempo ni en el espacio para consumar la tragedia. Tampoco Cartagena, ciudad de mar y de comercio desde hace veinte siglos, escapa a esta reedición del timo de toda la vida: donde antes fondeaban naves cargadas de mercancía, hoy fondean, con la misma discreción, transferencias fantasma que jamás llegan a su destino honesto.
Vivimos, además, un momento singularmente propicio para el fraude. La estrechez económica que atenaza a tantas familias vuelve más tentadoras las promesas de dinero fácil, y las redes sociales —esos escaparates de vidas ajenas siempre más brillantes que la propia— han educado a toda una generación en la costumbre de fiarse de un perfil, de un mensaje, de una fotografía.
No hace falta ya el embaucador de labia prodigiosa que describían las novelas: basta un SMS bien redactado, un logotipo bancario copiado con esmero y la certeza estadística de que, entre mil destinatarios, alguno picará el anzuelo de la estafa, ya sea leve, básica o agravada. Se ha democratizado, en cierto modo, el oficio de estafar, y con él su víctima: ya no es solo el incauto o el anciano solitario, sino cualquiera de nosotros, distraído un minuto de más frente al móvil mientras espera el autobús.
El Código Penal, con su prosa desapasionada, define el delito de estafa en el artículo 248 como el empleo de un engaño bastante para producir error en otro, induciéndole a un acto de disposición patrimonial en perjuicio propio o ajeno. Este estilo y pretendidamente preciso, omite toda referencia al instante exacto en que la víctima siente que el suelo se abre bajo sus pies al comprobar que la cuenta corriente, fruto de años de ahorro, se ha vaciado en el tiempo que tarda en enviarse un mensaje —y entre ustedes y nosotros, menos mal, sólo nos faltaba que el legislador se metiera a fino psicólogo… bastantes abogados hay ya en ese tajo.
No se le puede pedir a un código, al fin y al cabo, que haga literatura, aunque haya quien haya sabido encontrar literatura incluso en ellos.
Stendhal, sin ir más lejos, decía encontrar en el Código Civil de Napoleón un modelo de claridad y precisión para su propio estilo. Pero conviene no llevar demasiado lejos la comparación: una cosa es aquel Código Civil, célebre también por la limpidez de su estilo, y otra bastante distinta nuestro Código Penal. De este último podemos exigir rigor jurídico; que además nos conmueva sería pedirle demasiado.
Sí se pronuncia sin embargo el Código Penal, sobre las consecuencias que paran al defraudador. Las penas para los delitos de estafa en España oscilan entre los seis meses y los tres años de prisión, y el artículo 250 endurece la respuesta cuando la cuantía defraudada resulta especialmente elevada o cuando el estafador se ha valido, con fría precisión, de la confianza personal que la víctima había depositado en él.
Porque ahí reside, en el fondo, la verdadera perversión de este delito: no roba solo dinero, roba también la fe en el prójimo, ese activo intangible sin el cual ninguna sociedad puede sostenerse de forma estable sino sólo a trompicones.
Y quizá sea precisamente esa confianza —tan necesaria y, al mismo tiempo, tan vulnerable— la que mejor explica la extraordinaria capacidad de la estafa para adaptarse a cada época. Cambian los escenarios, cambian las herramientas y se perfeccionan los disfraces, pero el mecanismo esencial del delito permanece intacto: conseguir que la víctima baje la guardia y entregue por sí misma aquello que el delincuente pretende arrebatarle. Hoy, ese viejo engaño ha encontrado un escenario particularmente propicio en la inmediatez de la vida digital, donde la confianza circula casi a la misma velocidad que el dinero.
Y si de decorados modernos hablamos, ninguno tan fértil para el fraude como el de los pagos instantáneos. Bizum, esa comodidad cotidiana que ha simplificado tantas transacciones honestas, se ha convertido también en coto de caza para quienes han hecho de la estafa informática —recogida en el artículo 248.2 del Código Penal— su modus operandi favorito. Suplantan identidades, fingen ventas de segunda mano que nunca existieron, envían mensajes que imitan con precisión quirúrgica las comunicaciones de cualquier banco, y logran así que sea la propia víctima quien, convencida de estar actuando con prudencia, autorice el envío de su propio dinero.
La rapidez es su mejor aliada: todo ocurre en el tiempo que se tarda en leer una notificación, y por eso la respuesta —tanto bancaria como judicial— debe ser igual de veloz si se quiere conservar alguna esperanza de reparación.
Frente a este paisaje de picaresca digital, conviene recordar que detrás de cada denuncia hay una historia concreta, y que también quien se ve señalado como presunto autor tiene derecho a una defensa rigurosa y respetuosa con todas las garantías del procedimiento. Ese doble compromiso —con la víctima que busca justicia y con el investigado que merece un proceso justo— es, en último término, la esencia misma del oficio de abogado penalista, un oficio que no se improvisa ni se aprende de la noche a la mañana.
Con esa vocación llega a Cartagena Estudio Jurídico Torrente, despacho que en 2026 cumple 34 años dedicado en exclusiva al Derecho Penal y la Criminología, y que ya cuenta con sedes consolidadas en Albacete y Cuenca.
Su nueva casa cartagenera, en pleno corazón de la ciudad, en la calle Escorial nº 9, 2ª —a un paso del casco histórico que tantas veces ha sido testigo, a lo largo de los siglos, de toda suerte de engaños y desengaños—, quiere ser precisamente eso: un lugar de cercanía, al alcance de cualquier vecino de Cartagena y de la comarca que necesite cruzar su puerta en uno de los momentos más difíciles de su vida. Tres décadas de sala de vistas no se improvisan: dejan, sobre todo, la certeza de que cada caso, por repetido que parezca en su tipología, es siempre irrepetible en la vida de quien lo protagoniza.
