La Guardia Civil de la Región de Murcia, en colaboración con agentes medioambientales de la CARM, ha desarrollado en la comarca del Noroeste la operación ‘Puntas’, una investigación iniciada para luchar contra el furtivismo que ha llevado a los especialistas del SEPRONA a detectar y esclarecer dos casos de caza ilegal en los municipios de Caravaca de la Cruz y Moratalla. Un cazador furtivo ha sido detenido y otro investigado, ambos como presuntos autores de delito contra la flora y la fauna, por la caza ilegal de venados adultos. Además, han sido denunciados por varias infracciones en materia de caza.
Especialistas del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil abrieron la operación hace unas semanas, cuando varios titulares cinegéticos alertaron de que, con ocasión de la conocida berrea, el periodo de celo del ciervo en el que los machos adultos emiten potentes bramidos para atraer a las hembras, se estaban produciendo actuaciones de furtivismo en diferentes zonas de la comarca del Noroeste murciano.
Los guardias civiles se coordinaron con agentes medioambientales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (CARM) de Moratalla con la finalidad de controlar y, en su caso, erradicar esta práctica ilegal, que estaría mermando significativamente la población de ciervos machos adultos. En el marco de esta coordinación, ambos cuerpos establecieron un amplio dispositivo que incluía, entre otros, una intensificación de los servicios nocturnos en la zona para detectar estas actividades ilícitas.
Un ciervo de catorce puntas abatido junto a otros cazadores
Fruto del dispositivo se han detectado dos casos graves de furtivismo. El primero, hace dos semanas, cuando, gracias a la colaboración ciudadana, la Patrulla de Protección de la Naturaleza de Caravaca de la Cruz localizó a un cazador furtivo que acababa de abatir un ciervo macho adulto de catorce puntas, a escasos metros de otros dos cazadores.
Tras el disparo, el cazador huyó a zona de monte. Los guardias civiles iniciaron un dispositivo de búsqueda con una batida por la zona. A aproximadamente un kilómetro del lugar, los especialistas del SEPRONA observaron un vehículo estacionado y, a escasos metros, una funda de rifle depositada en el suelo.
Este hallazgo permitió recabar numerosos indicios que condujeron a identificar al presunto furtivo. Las pesquisas constataron que el sospechoso no contaba con autorización de ningún coto de la zona para practicar la caza, por lo que finalmente fue localizado y detenido como presunto autor de delito contra la flora y la fauna.
Un furtivo ‘cazado’ en redes sociales
La pasada semana, con el dispositivo preventivo aún activo, una sociedad de cazadores de Caravaca de la Cruz denunció ante la Guardia Civil que un cazador, al parecer furtivo, había difundido en una popular red social un vídeo en el que alardeaba de abatir un ciervo macho adulto de once puntas en un coto propiedad de la sociedad, sin contar con autorización.
Los especialistas del SEPRONA pusieron en marcha de nuevo una investigación para verificar y, en su caso, esclarecer los hechos. Ubicaron el lugar donde se había grabado el vídeo y comprobaron que correspondía a una zona del coto de la sociedad de cazadores, por lo que se constató que el sospechoso practicó la caza de forma ilícita al carecer de autorización.
Una vez obtenidos todos los indicios necesarios, la Guardia Civil ha localizado e investigado al cazador, al que se le han instruido diligencias como presunto autor de delito contra la flora y la fauna, por caza ilegal. Además, a ambos cazadores se les ha denunciado por varias infracciones administrativas recogidas en la normativa de caza.
La Guardia Civil ha contado con la colaboración de agentes medioambientales de la CARM y de cazadores de la zona, determinante para el esclarecimiento de los hechos.
Los autores de este tipo de delitos son castigados con pena de prisión de seis meses a dos años o multa de ocho a veinticuatro meses y, en todo caso, inhabilitación especial para profesión u oficio e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de cazar o pescar por tiempo de dos a cuatro años.
