Rubén Martínez Alpañez apoya la petición de un convenio justo y la mediación regional, pero considera que el texto debería abordar el riesgo de deslocalización industrial.

El Grupo Parlamentario VOX en la Asamblea Regional de Murcia ha respaldado la declaración institucional registrada este 28 de octubre en apoyo a los trabajadores del metal, en el contexto de la huelga indefinida del sector. La formación reclama un convenio colectivo justo y salarios dignos, aunque considera que el documento debería incluir también referencias al impacto de las políticas ambientales sobre la industria.

El portavoz parlamentario de VOX, Rubén Martínez Alpañez, ha suscrito la iniciativa, que reclama a la Federación Regional de Empresarios del Metal de Murcia (FREMM) propuestas concretas para desbloquear la negociación y pide al Gobierno regional que intervenga como mediador en el conflicto.

La declaración pone el foco en un sector que, según los datos aportados por la formación, agrupa a unos 35.000 trabajadores y 8.000 empresas en la Región de Murcia, con especial relevancia en Cartagena y el Valle de Escombreras.

VOX reclama incluir el impacto de las políticas ambientales

Aunque respalda las reivindicaciones laborales recogidas en el texto, VOX critica que el resto de los grupos no haya aceptado incluir una condena explícita de las leyes climáticas. La formación sostiene que determinadas exigencias ambientales reducen la competitividad de las empresas y pueden favorecer el traslado de la producción a territorios con regulaciones menos restrictivas.

Martínez Alpañez defiende que la protección del empleo industrial debe contemplar tanto las condiciones laborales como los factores que, a juicio de su partido, amenazan la actividad empresarial.

Llamamiento a desbloquear la negociación

La declaración institucional defiende el derecho de huelga y el derecho al trabajo, así como el mantenimiento de la convivencia y el respeto a la legalidad durante el conflicto.

Con su respaldo, VOX apoya la búsqueda de un acuerdo entre patronal y trabajadores, pero insiste en que la solución debe ir acompañada de medidas para proteger la competitividad del tejido industrial regional.