El suelo industrial de Cartagena crecerá en torno a 700 hectáreas adicionales y no permitirá la implantación de plantas de biogás ni instalaciones fotovoltaicas que no estén vinculadas directamente a una actividad industrial. Esta propuesta se incorporará a la aprobación provisional de la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), según ha explicado la alcaldesa, Noelia Arroyo.
La alcaldesa ha detallado que esta iniciativa se ha definido en la fase final del análisis de las alegaciones al planeamiento, tras mantener una reunión con representantes de las organizaciones empresariales y vecinales del municipio.
La propuesta contempla la incorporación de 6.984.744 metros cuadrados de nuevo suelo industrial, repartidos en tres ámbitos situados al norte y al este de Cartagena: el entorno de la depuradora de Cabezo Beaza, el espacio comprendido entre el polígono de Los Camachos y el este de El Algar, y la zona de Los Carboneles, en la carretera de La Palma.
Esta ampliación se suma a la ya prevista en Escombreras, donde en la aprobación inicial del plan la superficie industrial pasó de 7,7 a 9,8 millones de metros cuadrados, además de 459.000 metros cuadrados de suelo urbanizable industrial. Antes de la revisión del planeamiento, Cartagena contaba con un total de 21.212.444 metros cuadrados de suelo industrial, entre suelo urbano y urbanizable.
Según ha señalado Arroyo, las propuestas son el resultado del estudio de necesidades y oportunidades del municipio, del análisis de las alegaciones presentadas y del diálogo mantenido con distintos colectivos e instituciones. En la reunión participaron la presidenta de COEC, Ana Correa; el presidente de la Cámara de Comercio, Miguel Martínez; los presidentes de los polígonos de Los Camachos y Cabezo Beaza, Antonio Betancor y Francisco Bernal; la presidenta de la Asociación de Empresarios de la Construcción y Actividades Conexas, Antonia González; y el presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos, Tomás Sánchez.
Durante la presentación, en la que también estuvieron presentes los concejales Gonzalo López Pretel y Diego Ortega, el Gobierno municipal subrayó que esta ampliación permitirá al Ayuntamiento disponer de suelo propio para instalaciones de carácter estratégico, una capacidad de la que actualmente dispone de forma limitada. Además, la generación de nuevo suelo industrial garantizará que el Consistorio cuente con el 10 % de esa superficie, que podrá destinarse a infraestructuras estratégicas, servicios avanzados y apoyo a la captación de inversiones. Entre los ejemplos citados figura la reciente cesión de suelo para el centro de capacitación de la FREM.
El documento definitivo refuerza, además, la protección del uso industrial del suelo disponible. El Plan General establece que las plantas de biogás y las instalaciones fotovoltaicas quedarán prohibidas en suelo industrial, salvo en aquellos casos en los que estén diseñadas específicamente para el suministro energético de una inversión industrial. Con esta medida se pretende evitar usos ajenos a la actividad productiva que generan escaso empleo. Los proyectos que no cumplan esta condición deberán plantearse en suelos con otra clasificación y serán analizados de forma individual por el Gobierno municipal.
Otra de las novedades del nuevo texto es la flexibilización de la altura máxima de las naves industriales. Frente al límite actual de 7 metros, ampliable a 11 metros con puente grúa, el plan fija una altura de referencia de 12 metros y permite autorizar mayores alturas cuando el proyecto industrial lo requiera. De este modo, se elimina en la práctica un tope que condicionaba determinadas actividades, especialmente las vinculadas a la logística.
La alcaldesa anunció que los servicios técnicos de Urbanismo ya trabajan en la incorporación de estas modificaciones, con el objetivo de elevar el documento a aprobación en un pleno extraordinario que se convocará en el plazo aproximado de dos semanas.
Por último, el Gobierno municipal iniciará una ronda de contactos con los grupos municipales para tratar de alcanzar el mayor consenso posible en esta fase final de la tramitación del Plan General.
