VOX ha registrado en la Asamblea Regional de Murcia una iniciativa sobre vivienda en la que reclama que los españoles tengan prioridad para acceder a vivienda social, vivienda protegida y ayudas públicas, junto con medidas para facilitar el acceso a la vivienda, especialmente a los jóvenes. El portavoz del partido, Rubén Martínez Alpañez, denunció que las políticas del Gobierno de Sánchez no han resuelto el problema y advirtió de que «el Gobierno te va a decir ahora que te va a regalar una vivienda, pero todos sabemos que eso no va a solucionar el problema». A su juicio, «en ocho años, Pedro Sánchez no ha hecho absolutamente nada por fomentar el mercado de la vivienda y el acceso a la vivienda», sino «justo lo contrario, empeorarlo».
Martínez Alpañez defendió que hay que poner en marcha mecanismos para fomentar la oferta y reducir las trabas burocráticas a la promoción y construcción de vivienda. «Cuanta más vivienda haya disponible, más estable será el mercado y más posibilidades tendrán nuestros jóvenes de acceder a una vivienda», subrayó. En esa línea, exigió reducir la carga fiscal asociada a la compra de la vivienda habitual y abogó por la «eliminación total de impuestos para la adquisición de la vivienda habitual».
El portavoz vinculó además la evolución de los precios del alquiler con la política migratoria, al asegurar que «la promoción de la inmigración ilegal y la política de fronteras abiertas tienen una relación directa» con ella. Insistió en la necesidad de controlar la inmigración y reclamó medidas de retorno para quienes entren ilegalmente en España o cometan delitos: «A todo aquel que cometa un delito en España, deportación. Todo aquel que haya entrado de manera ilegal a nuestro país tiene que ser repatriado a su país de origen». Añadió que quienes llegan a España deben contribuir al país y reclamó el retorno de quienes, según dijo, «vienen a vivir del sudor y el esfuerzo de nuestros padres, del nuestro y de nuestros mayores».
La iniciativa incluye también medidas frente a la ocupación ilegal. VOX propone impedir que quienes ocupen un inmueble de forma ilegal puedan empadronarse en él y beneficiarse de los derechos asociados al empadronamiento, así como modificar la legislación para que el desalojo de los ocupantes ilegales se produzca en un plazo inferior a 24 horas.
