El Grupo Municipal MC Cartagena ultima un informe jurídico y técnico sobre los vertidos EDAR Mar Menor procedentes de la depuradora que vierte en Cala Reona, con el objetivo de estudiar el ejercicio de acciones legales por la gestión del emisario submarino y sus posibles efectos sobre el medio marino mediterráneo.
El documento, de gran alcance, analiza la evolución de la infraestructura en los últimos años. Repasa la rotura que sufrió el emisario en 2022, la falta de una reparación integral y la ausencia de regularización administrativa. También recoge los requerimientos formulados por distintas administraciones y la sensibilidad ambiental de la zona donde se producen los vertidos.
El emisario de Cala Reona, bajo la lupa
Desde el Grupo Municipal se subraya que «el emisario y la EDAR Mar Menor Sur, que vierten en Cala Reona, son un claro ejemplo de cómo durante demasiado tiempo los cartageneros asistimos con resignación a cierres de playas, a averías del emisario o a anuncios de soluciones que nunca llegan, todo ello con un permanente cruce de responsabilidades entre Administraciones». A ello se añade que «unos señalan al de enfrente y el Mediterráneo sigue soportando las consecuencias», lamentando que «en MC creemos que esa etapa tiene que terminar».
El informe busca esclarecer qué administración era responsable del mantenimiento y la reparación del emisario, si se cumplieron las obligaciones que marca la normativa ambiental y si la situación actual pudo afectar al litoral mediterráneo o a espacios protegidos de la Red Natura 2000.
Una obligación legal para todas las administraciones
El Grupo Municipal insiste en que «ha llegado el momento de conocer toda la verdad, saber exactamente qué ocurrió con el emisario de la EDAR Mar Menor Sur en 2022, quién tenía la obligación legal de mantenerlo y repararlo y qué decisiones se han dejado de adoptar, y también si esa gestión ha podido causar daños a nuestro litoral y a uno de los espacios marinos de mayor valor ecológico del Mediterráneo».
Por ello, desde MC se plantea que un órgano independiente investigue lo sucedido y determine si existen responsabilidades políticas, administrativas o de cualquier otra naturaleza en la gestión del sistema de saneamiento y del emisario submarino. En este sentido, se afirma que «estamos ya estudiando el ejercicio de acciones legales para que se investiguen los hechos y si existen responsabilidades políticas, administrativas o de cualquier otra naturaleza, para que se depuren hasta las últimas consecuencias».
El Grupo Municipal recuerda que la protección del Mediterráneo constituye una obligación legal de todas las administraciones públicas. Una vez concluido el análisis de la documentación recopilada, anuncia que adoptará las decisiones jurídicas que resulten procedentes.
