El servicio, fundamental para el tratamiento inmediato de ictus, traumatismos craneoencefálicos e hipoxias, figura en los presupuestos de Salud de 2022, 2023 y 2024 sin haberse materializado nunca
La unidad de daño cerebral del Hospital Rosell de Cartagena lleva siete años siendo anunciada por la Consejería de Salud sin que haya llegado a ponerse en marcha. El Partido Cantonal de Cartagena (PCAN) ha exigido al presidente regional Fernando López Miras que incluya este servicio en el presupuesto de 2026, cuya presentación el propio mandatario ha situado en «próximas fechas». La unidad aparecía recogida en las cuentas del departamento de Salud de 2022, 2023 y 2024, pero en ninguno de esos ejercicios se tradujo en una actuación real.
El contraste con Murcia capital resulta llamativo: el Hospital Virgen de la Arrixaca dispone de esta unidad desde 2016, diez años antes de que Cartagena pueda llegar a tenerla.
Qué incluiría la unidad de daño cerebral del Hospital Rosell en Cartagena y cuánto costaría
La puesta en marcha de la unidad de daño cerebral en el Rosell tiene un coste estimado de 900.000 euros. El servicio contaría con un equipo multidisciplinar formado por un especialista en Medicina Física y Rehabilitación, un neurólogo, un fisioterapeuta, terapeutas ocupacionales, logopeda, psicólogo, enfermeros y personal administrativo. Las instalaciones incluirían consultas, un gimnasio de rehabilitación, un área de hospitalización, zonas de fisioterapia, descanso de pacientes y reeducación virtual en la tercera planta del hospital.
Esta unidad atendería a personas que sufren accidentes cerebrovasculares con afectación cognitiva, emocional, conductual y física. La actuación temprana en estos casos resulta decisiva tanto para la supervivencia como para la recuperación de habilidades básicas. El ictus es la segunda causa de muerte en España —la primera entre mujeres— y la principal causa de discapacidad adquirida en adultos. Según la Sociedad Española de Neurología, su incidencia crecerá un 27% en los próximos 25 años.
Antonio Conesa, secretario de organización del PCAN, recordó que la Ley 3/2016 obliga a que el Rosell cuente con todos los servicios propios de un hospital general, una obligación que la Comunidad Autónoma sigue sin cumplir.
