Pulseras antimaltrato: Murcia exige al Ministerio protección para las víctimas de violencia de género durante el cambio de contrato
El Gobierno de la Región de Murcia ha reclamado al Ministerio de Igualdad garantías firmes para proteger a las víctimas de violencia de género durante la transición entre el contrato actual de las pulseras antimaltrato y la nueva adjudicación. El contrato vigente expira el próximo 6 de mayo de 2025 y, según denuncia la consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, el Ministerio no ha ofrecido información suficiente sobre cómo evitará una interrupción del servicio.
Fallos en los dispositivos antimaltrato que comprometieron la seguridad de las víctimas
La consejera expuso en la Conferencia Sectorial de Igualdad que el Ministerio tampoco ha aclarado si se han corregido las deficiencias que provocaron fallos recientes en los dispositivos telemáticos de seguimiento. Según Ruiz, esos fallos «han llegado a comprometer la seguridad de mujeres protegidas por el sistema».
En este sentido, reclamó transparencia sobre cuántas víctimas pudieron quedar desprotegidas y qué medidas concretas se han adoptado para evitar que se repitan situaciones similares.
Qué reclama Murcia al Ministerio sobre las pulseras antimaltrato
La consejera articuló tres exigencias concretas al Ministerio de Igualdad:
- Información sobre el estado de la licitación del nuevo contrato de pulseras antimaltrato.
- Mecanismos que garanticen la continuidad del servicio durante la migración tecnológica entre proveedores.
- Refuerzo de los recursos técnicos y humanos del sistema Cometa, responsable del seguimiento telemático de las víctimas de violencia de género.
«La ausencia de esta información impide a las comunidades autónomas anticiparse y asegurar que ninguna mujer quede sin protección durante el cambio de proveedor», subrayó Ruiz.
Murcia rechaza asumir el 25% del Plan Corresponsables sin acuerdo previo
Durante la reunión, la consejera también expresó su preocupación por la decisión del Ministerio de mantener la obligación de que las comunidades autónomas financien el 25% del Plan Corresponsables. Para la Región de Murcia, esta medida supone cerca de 1,7 millones de euros.
Ruiz lamentó que esta imposición «se haya adoptado sin diálogo previo y suponga un nuevo recorte que afecta a programas esenciales para las familias».
