El PSRM exige al Gobierno regional que deje de perjudicar a los 45 ayuntamientos de la Región y regule su participación en los ingresos de la CARM

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El diputado socialista Alfonso Martínez Baños explica, tras la sentencia del Tribunal Constitucional que anula el impuesto de plusvalía, que mientras el resto de ayuntamientos del país participan en los ingresos del Estado y en los de su Comunidad Autónoma, los de la Región solo reciben una financiación estable del Gobierno de España 

“Ni tan siquiera están recibiendo los más de 230 millones de euros anuales que el Gobierno de España manda al Gobierno de la Región para que financie los servicios que la antigua Diputación Provincial prestaba a los consistorios”

 

El diputado regional Alfonso Martínez Baños ha exigido al Gobierno regional que deje de perjudicar a los 45 ayuntamientos de la Región y regule su participación en los ingresos de la CARM.

Martínez Baños ha explicado, tras la sentencia del Tribunal Constitucional que anula el impuesto de plusvalía, que mientras el resto de ayuntamientos del país participan en los ingresos del Estado y en los de su Comunidad Autónoma, los de la Región solo reciben una financiación estable del Gobierno de España.

“Ni tan siquiera están recibiendo los más de 230 millones de euros anuales que el Gobierno de España manda al Gobierno de la Región para que financie los servicios que la antigua Diputación Provincial prestaba a los consistorios”, ha comentado

Para el socialista, esta sentencia pone a los ayuntamientos de la Región en una situación financiera límite, con unas arcas ya mermadas por la crisis provocada por la COVID, a la que han tendido que hacer frente sin la ayuda del Gobierno que preside López Miras.

“El PSRM hace un llamamiento para que se habiliten mecanismos para compensar el descenso en los ingresos que va a provocar la anulación de este impuesto”, ha pedido Martínez Baños.

Del mismo modo, el diputado autonómico ha exigid0 al Gobierno regional que regule por ley la participación de los ayuntamientos en sus ingresos, tal y como establece la Constitución Española, y que financie en su totalidad las competencias que tiene delegadas en los ayuntamientos y destine los recursos que recibe para la Diputación Provincial a prestar servicios a las entidades locales.

Para finalizar, Martínez Baños ha apuntado que, a la espera de que el Tribunal Constitucional publique la sentencia, el Ministerio de Hacienda y Función Pública está ultimando un borrador legal que garantizará la constitucionalidad del tributo, ofrecerá seguridad jurídica a los contribuyentes y dará certidumbre a los ayuntamientos.