El Gobierno regional ha anunciado que recurrirá ante el Tribunal Supremo el Real Decreto 556/2026, de 30 de junio, que amplía la capacidad de acogida de menores migrantes en la Región de Murcia y fija esa cifra en 553 menores. La consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, denunció que el Gobierno central impone esta decisión sin dotar a la Comunidad de la financiación necesaria para atenderles, con un sistema de acogida que ya se encuentra en situación de sobreocupación.
Durante su intervención en la Asamblea Regional, Ruiz advirtió de que nuevos traslados seguirán tensionando un sistema «al límite de sus capacidades» y señaló que «el fracaso de la política migratoria tiene un responsable: el Gobierno de España», al que acusó de convertir a menores vulnerables en «piezas de una estrategia política improvisada». Las consecuencias, añadió, están recayendo sobre los sistemas de protección de las comunidades autónomas.
El Ejecutivo murciano sostiene que el Real Decreto vulnera la autonomía financiera de la Comunidad, ya que no acompaña la decisión de los recursos económicos necesarios para cubrir los gastos de atención. Además, considera que la norma invade competencias autonómicas en materia de protección de menores y vulnera el interés superior del menor, al ordenar traslados sin garantizar que el destino cuente con las instalaciones y los recursos adecuados.
El recurso también se basa en que el decreto vulnera el principio de lealtad institucional. El Gobierno regional denuncia que la decisión se adoptó «de espaldas a las autonomías», sin pasar por la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, que es el órgano de cooperación previsto para consensuar este tipo de medidas.
«Frente a esa imposición unilateral, la Comunidad seguirá defendiendo los intereses de la Región de Murcia y exigiendo soluciones reales», concluyó Ruiz.
