El presidente de la Región de Murcia y del PPRM, Fernando López Miras y la consejera de Educación y Cultura, Esperanza Moreno, se han reunido esta mañana en la sede del partido con el presidente de la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia (CONCAPA) Antonio González-Costea y el presidente de la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Cooperativas de Enseñanza (FAMPACE), Rafael Martínez, a quienes ha trasladado “su total rechazo y descuerdo” con la ley Celaá y su voluntad de “hacer todo lo posible para que no se lleve a efecto, para lo que acudiremos a los tribunales de Justicia e impulsaremos las reformas legales necesarias” con el fin de impedir que “el Gobierno aplique determinados aspectos de la ley”.
López Miras ha subrayado “la tremenda irresponsabilidad de aprobar una ley tan importante con tanta falta de consenso” lo que significa que “nace con la vocación de ser derogada en cuanto haya un cambio de gobierno”. En este sentido, ha puesto de manifiesto que “fue aprobada con el margen de un solo diputado”, y que “una ley que va a marcar el futuro de una generación de españoles no se ha consensuado ni con las familias, ni con los directores de los centros, ni con la comunidad docente”. Ha salido adelante “sin diálogo, sin consenso, sin acuerdo”, ha insistido.
Para el presidente del PP en la Región de Murcia, “la ley ahonda en un enfrentamiento, ya superado en la Región de Murcia, entre educación pública y concertada”. Y ha destacado “la convivencia” entre ambos en la Región donde “tanto la comunidad educativa como las familias exigen y reivindican, desde la unidad, mejor calidad educativa”. En este sentido, considera que la norma “viene a traer crispación y división entre dos modelos educativos que son complementarios y necesarios”.
Y ha incidido que la Ley Celaá “va en detrimento de la educación pública y ataca de lleno a la libertad de las familias”. Esa libertad estima que “es lo mas importante de los padres y las madres, elegir el centro educativo de sus hijos ahora se cercena y será el código postal, la calle o un político el que decida el colegio al que deben ir”.
