El colectivo denuncia posibles riesgos por metales pesados en el subsuelo y advierte de daños en el patrimonio arqueológico por las obras en la zona
La Coordinadora para la Defensa del Cerro del Molinete ha lamentado haber tenido que recurrir a la vía judicial para lograr que se ordene la toma de muestras de tierras de excavación presuntamente contaminadas en la calle Morería Baja, en Cartagena.
El colectivo sostiene que la intervención judicial se ha producido tras su denuncia ante el juzgado por el posible riesgo medioambiental derivado del movimiento de tierras en la zona, donde informes técnicos apuntarían a la posible presencia de plomo y otros metales pesados con potencial impacto en la salud de vecinos, trabajadores y el entorno.
Según la Coordinadora, antes de acudir a los tribunales solicitaron tanto al Ayuntamiento como a la Comunidad Autónoma la realización de una caracterización previa del suelo antes del inicio de las obras, una petición que, aseguran, no fue atendida.
El colectivo critica además que el proyecto contemple movimientos de tierra para la instalación de infraestructuras de cableado eléctrico y telecomunicaciones en un área de alto valor arqueológico, vinculada al antiguo barrio artesanal y portuario de época romana.
Asimismo, la portavoz de la Coordinadora del Molinete, María Luisa Conesa, ha afirmado que la actuación “no debió haberse planteado” en los términos actuales y ha denunciado la falta de consenso en torno al proyecto, al que atribuyen posibles riesgos tanto medioambientales como patrimoniales.
En este contexto, el colectivo asegura que la obra ya habría provocado daños en elementos arqueológicos, tras la intervención de maquinaria pesada en la zona donde se localizan restos de un edificio púnico. Según denuncian, se habrían producido roturas en sillares de piedra arenisca situados en superficie, un material utilizado en época clásica y reutilizado posteriormente.
La Coordinadora ha reiterado que estas actuaciones cuentan con el respaldo jurídico del despacho Técnicas Legales de Cartagena, a través del abogado Pedro Antonio Martínez.
