La Guardia Civil de la Región de Murcia, en colaboración con la Dirección General de Transportes y Movilidad de la Comunidad Autónoma, ha desarticulado una trama delictiva dedicada a facilitar la obtención fraudulenta del Certificado de Aptitud Profesional (CAP) a través de la operación Capybaramur. La investigación ha concluido con 13 personas investigadas como presuntas autoras de delitos continuados de falsedad documental y contra la seguridad vial.
La operación se inició en mayo de 2025, cuando especialistas de Tráfico de la Guardia Civil comenzaron a coordinarse con la Dirección General de Movilidad y Transportes durante los exámenes celebrados en el campus de Espinardo de la Universidad de Murcia. En las primeras inspecciones se sorprendió hasta 23 aspirantes utilizando dispositivos de intercomunicación ocultos para superar las pruebas. Meses después, en nuevas convocatorias celebradas en enero de 2026, los agentes comprobaron que el sistema fraudulento continuaba activo. Algunos de los aspirantes detectados ni siquiera comprendían el español, siendo este el único idioma válido para la prueba oficial.
La investigación reveló además irregularidades en una autoescuela de Molina de Segura, donde se manipulaban presuntamente los registros biométricos de asistencia obligatoria para simular la presencia de alumnos que en realidad no acudían a las clases. Los primeros pasos de la operación condujeron a la identificación de tres intermediarios que organizaban el fraude y facilitaban los medios tecnológicos necesarios para superar los exámenes, cobrando a los interesados entre 2.000 y 2.500 euros por cada trámite.
La trama estaba organizada de forma jerárquica. Al frente se encontraba el gerente de una autoescuela como cabecilla, apoyado por tres intermediarios encargados de la captación de clientes y otros nueve empleados que falsificaban los registros biométricos de asistencia a los cursos previos al examen. Los delitos imputados conllevan penas de prisión de seis meses a tres años por falsedad documental y de seis meses a dos años por delito contra la seguridad vial.
La Guardia Civil subraya que este tipo de fraudes ponen en riesgo directo la seguridad en las carreteras, al permitir que personas sin la preparación necesaria accedan a autorizaciones profesionales para conducir vehículos de transporte. En lo que va de 2026 se han realizado 486 actuaciones inspectoras, y los controles en los exámenes se han reforzado con la prohibición de teléfonos móviles y dispositivos electrónicos, cuyo uso conlleva la expulsión inmediata y la penalización de dos convocatorias.
