La diputada nacional Isabel Borrego anuncia iniciativas parlamentarias para reclamar la apertura de los módulos cerrados de Murcia II y un refuerzo de la plantilla de funcionarios
El Partido Popular llevará al Congreso y al Senado la situación que atraviesa el Centro Penitenciario Murcia II, en Campos del Río, ante lo que considera una situación “insostenible” por la falta de funcionarios, la sobreocupación de internos y el cierre de varios módulos.
La diputada nacional del PP por la Región de Murcia, Isabel Borrego, ha anunciado que su formación registrará distintas iniciativas parlamentarias, entre ellas una proposición no de ley, preguntas al Gobierno y la solicitud de comparecencia del secretario general de Instituciones Penitenciarias.
Borrego, tras reunirse con representantes del sindicato de funcionarios de prisiones ‘Tu abandono me puede matar’, ha denunciado la “pasividad” del Gobierno central ante la situación de Murcia II y ha reclamado medidas para garantizar la seguridad del centro y mejorar las condiciones laborales de los trabajadores.
Según la parlamentaria popular, la prisión mantiene cerrados cinco módulos que permitirían sumar unas 360 plazas individuales, una circunstancia que, a su juicio, está provocando “sobrepoblación y hacinamiento” en el centro penitenciario.
El PP sostiene además que existe un déficit de alrededor de 300 trabajadores respecto a las necesidades actuales de la prisión y advierte de que la falta de plantilla está generando una mayor carga de trabajo para los funcionarios y un aumento de los conflictos internos.
Borrego ha reclamado al Gobierno la apertura completa de las instalaciones de Murcia II y la actualización de la relación de puestos de trabajo para adaptarla a la ocupación real del centro.
La diputada también ha criticado la actuación del delegado del Gobierno en la Región, Francisco Lucas, al que acusa de no atender las reivindicaciones de los funcionarios de prisiones tras las protestas realizadas por el colectivo.
Por último, el Partido Popular ha vuelto a defender el reconocimiento de los funcionarios de prisiones como agentes de la autoridad mediante una modificación de la Ley Orgánica General Penitenciaria, una medida que, según Borrego, serviría para reforzar la protección de un colectivo que desarrolla su labor “en condiciones cada vez más difíciles”.
