El PP garantiza a las familias la gratuidad en la adquisición de libros de texto en las enseñanzas obligatorias

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El diputado regional del Partido Popular, Víctor Martínez-Carrasco ha asegurado que el PP “garantiza a las familias la gratuidad en la adquisición de libros de texto en las enseñanzas obligatorias”, y ha añadido que, tras su aprobación, año a año, “se han ido incorporando niveles educativos a la gratuidad con el compromiso de que en el curso 2025-2026 todos los cursos pertenecientes a enseñanzas obligatorias estén bajo el marco de la gratuidad”.

En ese sentido, el ‘popular’ ha remarcado que en la Región se garantiza la gratuidad de los materiales en los cursos 3º, 4º, 5 y 6º de Educación Primaria, así como en 1º y 2º de ESO” y ha recordado que “todas las medidas que el Gobierno regional ha decidido en torno a la gratuidad de los libros están justificadas por el retraso en la aprobación de los nuevos currículos de la LOMLOE”.

“Atendemos a más de 115.000 alumnos que tendrán sus libros y que son totalmente válidos puesto que no han transcurrido los 4 cursos escolares que establece la normativa para renovarlos a través del Programa de Gratuidad de Libros de Texto”.

Además, y de cara al curso 2022-2023, “el Gobierno regional ha tenido que decidir acerca de la autorización de un cambio excepcional de libros de texto en los cursos 3º y 5º de Primaria, así como en 1º de ESO por la implantación de la LOMLOE”.

“Para ello se renovarán los libros de texto en aquellos cursos en los que ha transcurrido el plazo de 4 años que establece la propia Ley y que este curso afectaría a 3º de Educación Primaria”, y el próximo curso “se mantendrán libros de texto impresos con la LOMCE en 5º de Primaria y 1º de ESO, además de en todos los cursos pares de las enseñanzas obligatorias”, ha destacado el diputado.

Al hilo, Martínez-Carrasco ha manifestado que esto se debe a que “los decretos de currículo autonómicos se encuentran en fase de tramitación y se ha descartado incorporar los nuevos libros de texto durante un plazo de cuatro años, y que afianza el principio de ahorro del gasto que debe ser inherente a la actuación de cualquier Administración”.