Ciudadanos denuncia que el Gobierno de Cartagena continúa sin vallar ni demoler las ruinosas instalaciones de la antigua depuradora de saneamiento del Barrio Peral situada a unos 50 metros del colegio Hispania, en la confluencia entre la avenida Víctor Beltrí y la calle Pajarita, como medida preventiva para bloquear las continuas incursiones en su interior por parte de niños y adolescentes debido a que tiene fácil acceso por su proximidad al centro educativo y la vía verde.

En el Pleno de diciembre de 2018, el partido liberal logró sacar adelante un acuerdo plenario para que se vallara el perímetro y se evaluará su demolición, “el concejal socialista, Juan Pedro Torralba, reconoció los riesgos que entrañaba esta estructura y prometió demolerla lo antes posible”. “¿Tiene que ocurrir una desgracia para que este Ejecutivo cumpla su obligación?”, pregunta el portavoz de Ciudadanos en Cartagena, Manuel Padín, que tras visitar de nuevo la zona, ha explicado que su Grupo ha recogido desde hace meses decenas de quejas vecinales por el estado cochambroso de la antigua depuradora de Mandarache y por el peligro que supone para los estudiantes, “los vecinos nos han contado que muchos de ellos suelen acudir a este espacio como centro de reuniones y allí, entre otras cosas, practican su técnica con el grafiti; lo hacen sin ser conscientes del peligro que corren al estar en un inmueble medio derruido y con una techumbre que se cae a pedazos desde hace más de una década; por si fuera poco, hay un largo historial de accidentes en la zona, y por el inmueble merodean personas con drogodependencias”.

Los terrenos donde se encuentran estas instalaciones son de propiedad municipal, pero que estaban incluidos en uno de los planes parciales asociados al Acceso Norte y al Centro Comercial Mandarache por lo que la urbanización estaba en manos de una sociedad privada. La crisis del mercado inmobiliario de esos años paralizó la promoción de viviendas. La Gerencia de Urbanismo, gobernada entonces por el PP de Cartagena, anunció en febrero de 2012 que inspeccionaría y evaluaría el estado de la zona para redactar un informe para obligar a la empresa urbanizadora, si fuese necesario, a  demoler las instalaciones para evitar que se produzcan accidentes.

Según Manuel Padín, “tras siete años de este anuncio, y a pesar de los evidentes peligros que supone para, entre otros, los chavales del Colegio Hispania, ni el Gobierno del PP de entonces, ni la coalición de PSOE y MC, ni el PSOE en solitario han movido un dedo para garantizar la seguridad en este entorno”.