El expediente 85/2026 recoge varias facturas por servicios prestados sin cobertura contractual. Beatriz Sánchez comparece el martes ante la Comisión de Investigación, mientras el PSOE reclama explicaciones sobre los gastos de su concejalía

El Ayuntamiento de Cartagena ha incluido en el orden del día de la Junta de Gobierno Local el reconocimiento de deuda y el pago de varias facturas de la Concejalía de Turismo correspondientes a servicios prestados sin cobertura contractual. El expediente, identificado como reparo 85/2026, se abordó en la sesión del 9 de octubre, según la documentación municipal publicada.

El asunto llega pocos días antes de la comparecencia de la concejala de Turismo, Beatriz Sánchez, prevista para el martes ante la Comisión de Investigación sobre la promoción turística, donde deberá dar explicaciones sobre los gastos cuestionados de su departamento durante esta legislatura.

La documentación del orden del día identifica el procedimiento de reconocimiento de deuda, pero no detalla el importe total de las facturas, los proveedores ni los servicios concretos a los que corresponden. Tampoco permite confirmar por sí sola el resultado definitivo del acuerdo de pago.

El PSOE pide explicaciones sobre los contratos

El concejal socialista Pedro Contreras cuestiona que el Ayuntamiento recurra a reconocimientos extrajudiciales para abonar gastos y reclama aclarar por qué determinados servicios se prestaron sin que existiera previamente un contrato.

«Un reconocimiento extrajudicial puede ser una solución excepcional. Cuando se convierte en una práctica habitual, hay que preguntarse qué está fallando en la gestión municipal, especialmente cuando hablamos de facturas por servicios realizados sin que existiera un contrato previo», señala el edil.

El PSOE pide conocer qué servicios se prestaron, quién los encargó, cuánto costaron y por qué no se siguió previamente el procedimiento de contratación correspondiente.

«No se puede gestionar primero y buscar después la fórmula para pagar las facturas. El Gobierno municipal tiene que explicar cómo se han generado estos gastos, qué controles se aplicaron y por qué no se recurrió a los procedimientos de contratación que correspondían», afirma Contreras.

Los socialistas reclaman, además, que estos gastos se examinen en la Comisión de Investigación sobre la promoción turística para esclarecer cómo se contrataron los servicios, quién tomó las decisiones y cómo se gestionaron los recursos públicos.

«La Comisión tiene que servir para conocer toda la verdad, determinar las responsabilidades políticas que correspondan y garantizar que estas situaciones no se repitan», sostiene el concejal.

Cartagena cerró 2025 con una necesidad de financiación de 10,45 millones

La polémica sobre las facturas se produce en un contexto de dificultades presupuestarias para el Ayuntamiento. El Ministerio de Hacienda confirmó en un informe de seguimiento del plan económico-financiero que Cartagena cerró 2025 con una necesidad de financiación de aproximadamente 10,45 millones de euros y un incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria. El Consistorio sí cumplió la regla de gasto.

En cuanto al remanente de tesorería, el PSOE sostiene que el saldo negativo supera los 30 millones de euros. El Gobierno municipal, por su parte, ha situado el remanente técnico de cierre en torno a los 25 millones negativos, aunque defiende que, una vez descontada la financiación afectada, el saldo es positivo.

Contreras vincula estos datos con la subida de impuestos que, según el PSOE, se aproxima a los 12 millones de euros, y critica que el Ayuntamiento mantenga facturas pendientes de regularización mediante reconocimientos extrajudiciales mientras parte de las inversiones presupuestadas queda sin ejecutar.

«Los cartageneros pagan más impuestos mientras el Ayuntamiento acumula déficit, deja sin ejecutar una parte importante de las inversiones presupuestadas y continúa recurriendo a reconocimientos extrajudiciales para pagar facturas. El Gobierno de Arroyo debe explicar por qué se ha llegado a esta situación y por qué los ciudadanos tienen que soportar las consecuencias», concluye el concejal socialista.