La diputada del PSOE en el Congreso, Caridad Rives, ha destacado que el voto en contra del Partido Popular al escudo social “perjudica a la ciudadanía de la Región, sobre todo, a los más vulnerables”. Según Rives, esta decisión impide que más de 71.000 familias murcianas continúen acogidas al bono social eléctrico, entre ellas más de 3.000 pensionistas con pensión mínima, más de 24.000 familias numerosas y más de 43.000 hogares con rentas bajas. “Gracias al voto en contra del PP ya no se les aplicará ningún descuento por el bono social eléctrico”, ha explicado.
En rueda de prensa, Rives ha recordado que el Real Decreto Ley 4/2026 “pretendía evitar situaciones como las vividas tras el accidente ferroviario de Adamuz, cuando los precios de transporte se incrementaron drásticamente por la demanda, generando indefensión a la ciudadanía. El PP prefiere que las compañías de transporte ganen más dinero cuando los españoles sufren las consecuencias de una desgracia. Según el PP, impedir estos abusos no es necesario”.
La diputada también ha señalado que, debido a este voto, la ciudadanía de la Región no podrá beneficiarse de deducciones en el IRPF por mejoras en eficiencia energética en sus viviendas, la compra de coches eléctricos o la instalación de puntos de recarga. “Igual que nuestros vecinos afectados por la DANA o por los incendios de este verano, que tendrán que declarar en el IRPF las ayudas recibidas por estas catástrofes”, ha añadido.
Asimismo, ha indicado que los autónomos que tributan por módulos, muchos de ellos en sectores agrícolas y ganaderos, se verán afectados por la no aplicación de los nuevos límites establecidos para esta modalidad. “El PP también ha dicho no a la protección de los trabajadores. Con su voto en contra se permitirá que empresas beneficiarias de ayudas públicas puedan justificar despidos objetivos basados en el aumento de los costes energéticos”, ha explicado.
Rives ha subrayado que el voto en contra “perjudica globalmente a la Región de Murcia porque no se actualizan las entregas a cuenta a la comunidad, dejando de ingresar 760 millones de euros que podrían destinarse a mejorar servicios públicos”. “Para el PP no necesitamos mejorar nuestra sanidad, educación ni servicios sociales. Es una realidad paralela que no coincide con la situación de esta Región”, ha lamentado.
Por último, la diputada ha aclarado que las medidas de paralización de desahucios contempladas en el decreto son “exclusivamente para casos concretos y no incluyen ocupaciones ilegales”. “Estamos hablando de procedimientos judiciales que requieren un informe de vulnerabilidad elaborado por los servicios sociales. Entonces, qué medidas se tomarán para garantizar que las familias vulnerables, con menores o dependientes, no se queden sin apoyo?”, ha concluido Caridad Rives.
