La Asamblea Regional de Murcia ha aprobado por unanimidad una iniciativa impulsada por el diputado de VOX Pascual Salvador Hernández para reforzar la operatividad de la Guardia Civil frente al narcotráfico y la criminalidad organizada vinculada al tráfico de personas que opera en las costas murcianas. Salvador destacó que la moción supone también «un homenaje a la incansable labor que realizan nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la defensa de los españoles y en la lucha contra el crimen organizado», trasladando en nombre de su grupo parlamentario «nuestro más afectuoso reconocimiento a todas las FCSE».
El diputado explicó que la propuesta parte de una cuestión «muy concreta»: la necesidad de que la Guardia Civil cuente con medios humanos, materiales, técnicos y jurídicos adecuados para desarrollar con seguridad y eficacia su labor frente al narcotráfico y la criminalidad organizada en el litoral español.
Ataques con narcolanchas contra los agentes
Para ilustrar la peligrosidad a la que se enfrentan los agentes, Salvador recordó los hechos ocurridos el pasado 8 de mayo frente a la costa de Huelva, cuando dos embarcaciones de la Guardia Civil que perseguían a una narcolancha fueron embestidas por esta, causando la muerte de un capitán y un guardia civil, además de dejar heridos a otros dos agentes. Solo siete días después, según recordó el diputado, una patrullera del Servicio de Vigilancia Aduanera sufrió un ataque similar frente a la costa de Almería.
«Una narcolancha no es solo una embarcación, es un arma más del crimen organizado, con la que embisten de manera letal contra nuestros agentes», advirtió Salvador, quien también mencionó el incidente del pasado 2 de septiembre frente a Cabo Cope, en Águilas, donde una embarcación cargada de garrafas de gasolina embistió a una lancha semirrígida de la Guardia Civil durante una persecución, hiriendo a tres agentes.
Desembarcos en el litoral murciano durante el verano
El diputado de VOX denunció que la falta de medios y personal convierte a las costas murcianas en «un coladero para la inmigración ilegal», poniendo en riesgo tanto la vida de los agentes como la de los ciudadanos. En este sentido, recordó los sucesivos desembarcos de embarcaciones rápidas registrados este verano en distintos puntos del litoral regional, algunos de ellos en presencia de bañistas.
Como ejemplo, citó el desembarco del pasado 19 de agosto en una playa próxima a La Manga, en Cartagena, donde una embarcación de grandes dimensiones con cuatro motores fueraborda dejó a 62 inmigrantes argelinos en la orilla mientras los patrones, con el rostro cubierto, huían mar adentro. «Había hasta niños en ese momento bañándose. ¿Qué hubiera pasado si no hubieran salido corriendo al oír el ruido y esta lancha hubiera pasado por encima?», planteó Salvador.
Reclama patrulleras propias para la Región
El parlamentario criticó además que haya sido necesario desplazar una patrullera desde Cádiz para reforzar la vigilancia del litoral murciano, calificando la medida como «desnudar a un santo para vestir a otro, porque en Cádiz seguro hará bastante falta». Por ello, reclamó dos patrulleras rápidas propias para cubrir de forma adecuada la costa de la Región. «Si entra la narcolancha por Calblanque y está en Águilas, no llegas, por mucho aviso que recibas», advirtió.
Salvador insistió en que la Guardia Civil necesita «embarcaciones —no una, varias— capaces de perseguir e interceptar a los narcos», además de tecnología, sistemas de comunicación, protección, armamento y plantillas suficientes, junto con una inversión estable para el mantenimiento y la renovación de la flota. «Una embarcación moderna sin tripulación suficiente no resuelve el problema. Una plantilla suficiente sin medios navales adecuados tampoco. Y unos medios materiales que no reciben mantenimiento dejan de ser una capacidad operativa real», explicó.
Por último, el diputado reclamó protocolos claros y seguridad jurídica para los agentes, de forma que puedan actuar de manera legítima, proporcionada y eficaz ante situaciones de extrema peligrosidad. «Necesitan esa seguridad jurídica para que ningún agente tenga que preguntarse en mitad de una persecución si luego el Gobierno estará de su lado si tienen que utilizar las armas», concluyó.
