MC cuestiona el coste de la limpieza en Cartagena y reclama responsabilidades por el estado de las calles

Mercedes Graña, Enrique Pérez Abellán y María Antonia Pérez Galindo trasladan las quejas de vecinos del casco urbano, barrios y diputaciones y ponen el foco en la gestión de LHICARSA y el control municipal del servicio.

El estado de limpieza de las calles de Cartagena vuelve al centro del debate político municipal. MC Cartagena ha trasladado el malestar que, según la formación, expresan vecinos del casco urbano, barrios y diputaciones por la suciedad y las deficiencias que observan en distintos puntos del municipio.

Mercedes Graña, Enrique Pérez Abellán y María Antonia Pérez Galindo han cuestionado la calidad del servicio y han reclamado explicaciones sobre la gestión de LHICARSA, la empresa mixta responsable de la limpieza viaria y la recogida y tratamiento de residuos.

La denuncia adquiere especial relevancia al ponerla en relación con el gasto municipal destinado a este servicio. El presupuesto del Ayuntamiento de Cartagena para 2026 recoge una partida de 19.472.618 euros para el contrato de limpieza viaria, incluida en el programa presupuestario correspondiente a esta actividad.

Esta cantidad corresponde específicamente a la limpieza viaria y no debe confundirse con el coste global de todos los servicios de recogida y tratamiento de residuos que presta LHICARSA.

Un contrato con antecedentes de fiscalización

La gestión de LHICARSA acumula antecedentes que van más allá de las actuales quejas vecinales. El contrato, constituido a partir de un acuerdo municipal de 1994, fue objeto de un informe del Tribunal de Cuentas que examinó su gestión hasta el ejercicio 2019.

Entre las cuestiones señaladas por el órgano fiscalizador figuraban las revisiones de precios aplicadas al contrato, que consideró carentes de cobertura legal, así como otros aspectos relacionados con la gestión económica y las condiciones de prestación del servicio.

A raíz de estas conclusiones, el Ayuntamiento inició actuaciones para revisar la aplicación del contrato y determinar posibles cantidades abonadas indebidamente o ingresos que podrían haber dejado de percibirse.

En febrero de 2023, el Pleno municipal aprobó por unanimidad cuantificar esas cantidades. Durante aquel debate también se abordaron los pagos por asistencia técnica, los ingresos procedentes de la venta de subproductos y electricidad generada mediante biogás y las inversiones vinculadas al contrato.

En junio de 2024, LHICARSA comunicó al Ayuntamiento que abonaría 1.726.000 euros correspondientes a la actualización de salarios y Seguridad Social de sus trabajadores, después de que el Consistorio hubiera planteado dudas sobre la aplicación de las revisiones de precios.

Ese mismo año, el Consejo Jurídico de la Región de Murcia emitió el dictamen 201/2024 sobre la revisión de precios del contrato, otro antecedente relevante para entender las discrepancias entre la empresa y el Ayuntamiento.

Más de 13 millones en renovación de maquinaria

La empresa también ha comunicado inversiones importantes para renovar sus medios materiales. Según los datos difundidos en abril de 2024, LHICARSA había destinado desde 2018 más de 13 millones de euros a vehículos, maquinaria y equipamiento.

De esa cantidad, 12,1 millones correspondían a LHICARSA y 930.000 euros a FCC Medio Ambiente. La renovación incluía 213 vehículos, máquinas y otros equipos, además de 3.000 papeleras y 2.405 contenedores.

Por su parte, el Ayuntamiento anunció en febrero de 2024 un plan de inversiones de 9,3 millones de euros incluido en el contrato, con la incorporación de 91 vehículos, 2.500 papeleras y cerca de 2.000 contenedores.

Estas cifras corresponden a actuaciones de renovación de medios materiales y no constituyen un gasto anual adicional que pueda sumarse directamente al presupuesto municipal de limpieza.

El control del servicio, en el centro del debate

La cuestión que vuelve a plantearse es si los recursos económicos y materiales destinados a la limpieza se traducen en un servicio satisfactorio para los ciudadanos.

El Ayuntamiento dispone de mecanismos de inspección y supervisión de las obligaciones de LHICARSA, mientras que la empresa debe prestar los servicios establecidos en el contrato. Los antecedentes de fiscalización ponen de manifiesto la importancia de mantener ese control y garantizar que los recursos destinados al servicio se empleen conforme a las condiciones pactadas.

Las quejas trasladadas por MC vuelven a poner sobre la mesa la necesidad de evaluar el resultado efectivo del servicio en el casco urbano, los barrios y las diputaciones, así como de conocer qué medidas se están adoptando cuando se detectan deficiencias.

El debate no se limita, por tanto, a cuánto cuesta limpiar Cartagena, sino también a cómo se controla ese gasto y qué resultados obtiene la ciudadanía.

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