La moción reclama aplicar un coeficiente reductor de la edad de jubilación y llega tras una reunión de Noelia Arroyo con representantes de ambos cuerpos en el solar de la antigua casa cuartel de Ángel Bruna.

El Partido Popular llevará al Pleno del Ayuntamiento de Cartagena de este jueves una moción para reclamar al Gobierno de España que reconozca a la Policía Nacional y a la Guardia Civil como profesiones de riesgo. La iniciativa plantea modificar la Ley General de la Seguridad Social y aplicar a sus agentes un coeficiente reductor de la edad de jubilación, una reivindicación que ambos cuerpos mantienen desde hace años.

La alcaldesa de Cartagena y presidenta local del PP, Noelia Arroyo, ha anunciado la propuesta tras reunirse con representantes de los sindicatos de la Policía Nacional y de las asociaciones profesionales de la Guardia Civil en el solar de la antigua casa cuartel de la calle Ángel Bruna.

La moción solicita que se aplique un coeficiente reductor del 0,20 por cada año completo de servicio efectivo, con una edad mínima de jubilación de 60 años, que podría reducirse a 59 para quienes acrediten 35 años de servicio. También reclama que la medida cuente con la financiación necesaria en los Presupuestos Generales del Estado.

El texto incluye el reconocimiento institucional del Ayuntamiento a la labor de ambos cuerpos y el respaldo a las reivindicaciones de sus representantes. El acuerdo, si sale adelante, se trasladará al presidente del Gobierno, a los ministerios de Interior, Seguridad Social y Hacienda, a la Delegación del Gobierno y a los sindicatos y asociaciones profesionales.

«Ellos no piden privilegios: piden lo que ya tienen los demás. Y Cartagena está con ellos», ha afirmado Arroyo, quien ha reconocido que la moción tiene un carácter simbólico, puesto que la decisión corresponde al Gobierno central.

Una reivindicación pendiente

La reivindicación se apoya en que otros cuerpos policiales ya cuentan con el reconocimiento de profesión de riesgo y con medidas que permiten anticipar la jubilación. La Ertzaintza dispone de este reconocimiento desde 2008; las policías locales, desde 2019, y los Mossos d’Esquadra y la Policía Foral de Navarra, desde 2022.

El PP recuerda que ha defendido esta medida tanto en el Senado, donde su proposición de ley fue aprobada en junio de 2024, como en el Congreso de los Diputados. Según la formación, el Gobierno bloqueó en septiembre la iniciativa para aplicar el coeficiente reductor, que los populares volvieron a registrar al día siguiente.

Arroyo también ha hecho referencia al programa electoral que el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha presentado este lunes, en el que, según ha señalado, se incluye el reconocimiento de la Policía Nacional y la Guardia Civil como profesiones de riesgo.

La situación de la antigua casa cuartel de Ángel Bruna

El lugar elegido para el encuentro ha servido también a la alcaldesa para denunciar la situación de las instalaciones de la Guardia Civil en Cartagena. Arroyo ha calificado el solar de la antigua casa cuartel como «un monumento a la desidia del sanchismo en Cartagena».

Según ha explicado, el Ministerio del Interior declaró en ruina el edificio en 2023 y procedió al desalojo de 86 familias de guardias civiles antes de iniciar su demolición. Tres años después, ha denunciado, todavía no existe un proyecto ni presupuesto para construir un nuevo cuartel, mientras los agentes continúan trabajando en dependencias prestadas.

La alcaldesa ha relacionado esta situación con la presión migratoria que soporta la costa de la Región de Murcia. Según los datos que ha atribuido a sindicatos y asociaciones profesionales, este año han llegado unas 3.600 personas en 166 embarcaciones.

«Las mafias desembarcan con narcolanchas a plena luz del día y se vuelven al mar, porque la Guardia Civil no tiene embarcaciones capaces de alcanzarlas. Detectar una narcolancha no es interceptarla», ha manifestado.

También ha criticado la falta de efectivos de la Policía Nacional para atender las necesidades del Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE), donde, según sus datos, faltarían entre 12 y 14 agentes. Arroyo ha señalado que su funcionamiento obliga a retirar efectivos de Seguridad Ciudadana y ha añadido que la atención al antiguo Hospital Naval supone otra carga de trabajo.

«Cada patera representa menos policía cuidando de los cartageneros», ha afirmado.

Frente a estas carencias, la alcaldesa ha defendido la inversión municipal en seguridad y ha citado la apertura del nuevo cuartel de la Policía Local de Los Dolores, el de Cuesta Blanca y el futuro equipamiento de La Aljorra, que se desarrollará con la colaboración de la Comunidad Autónoma.

Arroyo ha destacado asimismo que la plantilla de la Policía Local de Cartagena cuenta actualmente con 311 agentes, que ha presentado como la primera vez que alcanza su dotación completa.

«Si un ayuntamiento puede hacerlo, el Gobierno de España no tiene excusa. No es un problema de dinero. Es un problema de prioridades», ha concluido.

En la reunión han participado representantes del Sindicato Unificado de Policía (SUP), JUPOL y la Unión Federal de Policía (UFP), así como de las asociaciones de la Guardia Civil ASES, AUGC, AEGC y JUCIL.