La Fiscalía de la Región de Murcia ha querido destacar la labor del Cuerpo Nacional de Policía en la prevención e investigación de los delitos de criminalidad informática, tanto por parte de las unidades especializadas como de las distintas comisarías. Subraya la constante colaboración con el área de especialización de la Fiscalía de Murcia y, en particular, con la fiscal delegada, y reconoce también el trabajo de investigación en la modalidad de delito menos grave del artículo 249 del Código Penal.
La Policía Nacional mantiene sus competencias de investigación en su ámbito territorial sobre las estafas cometidas y denunciadas en las comisarías de la Región, con independencia de la modalidad delictiva y de la cuantía defraudada. En la ciudad de Murcia, todas las estafas relacionadas con el cibercrimen las investiga el Grupo de Ciberdelincuencia de la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Jefatura Superior; las de menor cuantía corresponden al Grupo de Policía Judicial de la Comisaría de Distrito de El Carmen, y todas cuentan con el apoyo del Grupo de Delincuencia Económica y Fiscal para las modalidades más especializadas. En las comisarías locales de Cartagena, Lorca, Molina de Segura, Alcantarilla y Yecla, las investigaciones corren a cargo de los grupos de Policía Judicial adscritos a cada una.
Estas investigaciones, que son complejas, tienen como objetivo esclarecer los hechos e identificar a los responsables. Para ello se determina el modus operandi (phishing por correo electrónico, smishing por SMS, vishing por llamada telefónica, quishing mediante código QR, suplantación de identidad, fraude en compraventa, inversión fraudulenta o acceso indebido a banca electrónica, entre otros) y se cuantifica con exactitud el perjuicio económico, identificando las cuentas, tarjetas, monederos virtuales o medios de pago afectados. Se recopila y asegura la evidencia digital, y se investigan las comunicaciones, las páginas web y dominios, las direcciones IP y otros datos técnicos, además de la vertiente económica y financiera. También se hacen gestiones con las entidades financieras para identificar las cuentas receptoras, seguir la trazabilidad del dinero y detectar cuentas intermediarias o personas utilizadas para canalizar los fondos.
En su Memoria anual de 2025, la Fiscalía se refería además a los casos en los que, sin manipulación de datos o sistemas informáticos, se utiliza la red para dar mayor difusión al engaño y facilitar así la estafa común del artículo 248 del Código Penal, que en la mayoría de los supuestos son delitos leves por no superar los 400 euros. Son las ofertas fraudulentas online de todo tipo de productos o servicios a través de aplicaciones, páginas web, foros o chats. Respecto exclusivamente a estas estafas, la Fiscalía advierte de las dificultades que encuentra la Policía Nacional para investigarlas, por el constante aumento de esta modalidad y su frecuente dimensión transnacional, que obliga a recurrir a la cooperación internacional para obtener datos, algo que en muchos casos no resulta viable porque estas infracciones leves tienen un corto plazo de prescripción y el procedimiento no prevé una fase de instrucción propiamente dicha. Por ello, el progresivo aumento de esta delincuencia aconseja reforzar los medios personales y materiales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Por último, aunque la reforma del Código Penal de la Ley Orgánica 14/2022 suprimió la figura del delito leve de estafa informática y de utilización fraudulenta de instrumentos de pago distintos del efectivo, cuando el perjuicio no excede de 400 euros se considera hoy un delito menos grave.
