La Región de Murcia, Andalucía, Canarias, Cantabria, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia y País Vasco han reclamado al Gobierno central que paralice las modificaciones del Reglamento General de Costas y del Reglamento de Estrategias Marinas, así como la reforma de la Ley de Costas estatal. Lo hicieron durante el I Congreso de Costas de Canarias, celebrado los días 15 y 16 de octubre en San Bartolomé de Tirajana, donde solicitaron además que se abra un proceso de diálogo y se garantice la participación de las administraciones autonómicas en la tramitación de unas normas que afectan directamente a la gestión y ordenación del litoral.
El director general de Litoral y Puertos de la Región, Agustín Osete, participó ayer en la mesa de debate ‘Los nuevos traspasos competenciales en materia de litoral: experiencia y negociación’, donde defendió la necesidad de contar con las comunidades autónomas en las decisiones que afectan a sus costas. “Las comunidades autónomas costeras conocemos las particularidades de nuestro litoral y debemos participar en las decisiones que condicionan su gestión y su futuro”, señaló. Osete recordó que el Gobierno regional solicitó formalmente en septiembre al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico la transferencia de competencias en materia de costas, con el fin de ampliar su capacidad de gestión sobre el litoral murciano. “El diálogo y la seguridad jurídica son fundamentales para abordar cualquier cambio normativo”, afirmó.
Uno de los asuntos destacados del congreso fue la necesidad de actualizar la Ley de Costas de 1988. Según la información facilitada por la organización, Ángel Menéndez Rexach, catedrático de Derecho Administrativo y redactor de la norma estatal, defendió la conveniencia de revisar una legislación aprobada hace casi cuatro décadas, ante los cambios experimentados desde entonces en la realidad física y administrativa del litoral. Osete coincidió en que la actualización debe “dar respuesta a los problemas reales del litoral, incluidos los efectos de los temporales, y ofrecer mayor seguridad jurídica a los vecinos”, y compatibilizar la protección de la costa con la realidad de los municipios litorales.
En ese sentido, el director general puso rostro a la inseguridad jurídica: “600 viviendas en los deslindes y, detrás de cada una, una familia. No son nuevos desarrollos urbanísticos, sino hogares con décadas de historia, muchos con licencia de obras y escrituras inscritas en el Registro. Son familias que llevan años viviendo con la amenaza de ver derribada su casa, mientras quien decide ni siquiera tiene que mirarlas a la cara”. El congreso abordó también la ordenación del litoral, el reparto de competencias entre administraciones y la experiencia de las comunidades autónomas que ya asumieron competencias en esta materia.
