La Guardia Civil de la Región de Murcia, en colaboración con el Servicio de Pesca y Acuicultura de la Comunidad Autónoma, ha incautado 16 kilogramos de ventresca de atún rojo que estaban a la venta sin documentación en la Lonja de Alcantarilla. El responsable del puesto ha sido denunciado por una infracción grave de la Ley de Pesca Marítima del Estado.
Los controles se enmarcan en los cometidos del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) y en el Plan Anual de Control Integral de Actividades Pesqueras (PACIAP), dentro del cual los especialistas supervisan con frecuencia la primera venta de productos pesqueros, tanto en carretera como en el interior de las lonjas. Hace unos días se estableció uno de estos dispositivos en el acceso a la Lonja de Alcantarilla, donde se inspeccionó una decena de vehículos para cotejar los documentos comerciales, como facturas o albaranes, con la mercancía transportada y con las etiquetas que emiten las cofradías de pescadores y que acompañan a las cajas. El objetivo es garantizar la trazabilidad de los productos desde su origen hasta el consumidor final.
Ya en el interior de la lonja, los agentes inspeccionaron los puntos de venta y localizaron, en uno de ellos, dos cajas con gran cantidad de ventresca de atún rojo (Thunnus thynnus), con un peso total de 16 kilogramos, que carecían de las etiquetas preceptivas para determinar su trazabilidad. El pescado fue inmovilizado en la cámara frigorífica de la propia lonja, a disposición del Servicio de Pesca y Acuicultura, mientras se requería a la empresa propietaria la documentación necesaria para verificar su origen.
Al tratarse de mercancía perecedera y no poder garantizarse con seguridad su procedencia, y tras el examen de los servicios veterinarios de la lonja, al día siguiente de la inspección se notificó a la empresa el decomiso definitivo del producto, que se destinó a la alimentación de los animales del Centro de Recuperación de la Fauna Silvestre de la Región de Murcia.
La trazabilidad del atún rojo está regulada por el Reglamento (UE) 2023/2842, que establece que el detalle de las capturas se especifique mediante sistemas electrónicos y digitales, al tratarse de una especie con capturas muy restringidas. La Guardia Civil ha denunciado al responsable del puesto por una infracción grave de la Ley 3/2001, de Pesca Marítima del Estado, cuya sanción oscila entre 601 y 60.000 euros en función de los hechos, las cantidades y la reincidencia. Estos controles, junto con el de las tallas mínimas y máximas de captura, buscan garantizar la sostenibilidad de los recursos marinos y la renovación de sus poblaciones.
