La Región de Murcia defenderá, junto a las organizaciones del Tercer Sector, que el nuevo Marco Financiero Plurianual de la Unión Europea 2028-2034 garantice una financiación suficiente y protegida para las políticas de inclusión social y de atención a las personas más vulnerables. Así lo trasladó la consejera de Economía, Hacienda, Portavocía, Fondos Europeos y Transformación Digital, Marisa López Aragón, en una reunión de trabajo con representantes del sector para analizar la propuesta del próximo presupuesto comunitario, compartir las principales preocupaciones de las entidades y avanzar hacia una posición común ante un modelo que introduce cambios importantes respecto al periodo actual, 2021-2027.
La propuesta europea plantea integrar buena parte de los fondos que hoy funcionan de forma diferenciada, entre ellos el Fondo Social Europeo, dentro de grandes planes nacionales y regionales. Aunque establece que al menos un 14% de estos planes se destine a gasto social, desaparecen buena parte de las reservas específicas que existen ahora para inclusión social, personas desfavorecidas, pobreza infantil, empleo juvenil o fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil. “Queremos que Europa simplifique la gestión de los fondos, pero esa simplificación no puede traducirse en menos garantías para quienes más los necesitan ni en que las políticas sociales tengan que competir con otras prioridades por los mismos recursos”, señaló la consejera.
Lo que está en juego en la Región es considerable. El Programa FSE 2021-2027 cuenta con más de 164 millones de euros de ayuda europea y una inversión total cercana a los 263 millones, destinados a inclusión social, lucha contra la pobreza, empleo juvenil y colectivos vulnerables. Solo en 2026, el IMAS ha dedicado 2,75 millones de euros a 26 proyectos de entidades del Tercer Sector para mejorar la empleabilidad de personas vulnerables, con una previsión de atender a 2.211 personas. A ello se suman una línea de 950.000 euros para más de 800 jóvenes vulnerables y 1,25 millones convocados por el SEF para programas de integración laboral de personas con discapacidad desarrollados por entidades sin ánimo de lucro. “Estamos hablando de programas que tienen nombres y apellidos, que permiten avanzar en la inserción laboral, atender a personas con discapacidad, apoyar a jóvenes vulnerables y luchar contra la pobreza y la exclusión”, afirmó López Aragón.
La posición del Gobierno regional se asienta en tres reivindicaciones. La primera es garantizar una financiación social suficientemente protegida, de modo que los recursos vinculados a inclusión social no acaben compitiendo con infraestructuras, competitividad u otras políticas. La segunda es asegurar una participación efectiva de las regiones en el reparto de los fondos: el Ejecutivo autonómico defiende una simplificación de la política de cohesión que no suponga su centralización y reclama capítulos regionales con recursos propios y capacidad real de decisión, para que la Región pueda seguir determinando, junto a sus entidades sociales, qué colectivos y programas requieren atención prioritaria. La tercera es que el Tercer Sector participe desde el inicio en la programación del periodo 2028-2034, y no solo como receptor de ayudas una vez adoptadas las decisiones. “Queremos que estén presentes en el diagnóstico, en la programación, en el seguimiento y en la evaluación, porque su experiencia y su conocimiento son imprescindibles para diseñar unas políticas europeas que respondan a la realidad”, indicó la consejera.
López Aragón concluyó que la Región “va a defender una política de cohesión fuerte y con verdadera dimensión social”, y que quiere hacerlo de la mano del Tercer Sector, “porque defender su participación y su financiación es también defender la continuidad de programas que hoy mejoran la vida de miles de personas en la Región”.
