Soto cuestiona que el Ayuntamiento niegue una deuda con Alsa mientras estudia asumir cerca de 500.000 euros anuales por la incorporación de once empleados
El Grupo Municipal Socialista ha vuelto a cuestionar la gestión del transporte urbano de Cartagena después de que el Ayuntamiento haya informado de que la concesionaria, Tucarsa, operada por Alsa, reclama alrededor de 500.000 euros por la incorporación de once trabajadores necesarios para cubrir los turnos de descanso de la plantilla.
El concejal socialista Pencho Soto considera que esta situación contradice las explicaciones ofrecidas por el Gobierno municipal, que ha negado que exista una deuda con la concesionaria y ha señalado que la reclamación se encuentra actualmente en estudio.
El Ayuntamiento ha explicado que los servicios municipales analizan el expediente y que los informes técnicos apuntan al posible reconocimiento de ese coste dentro del contrato, aunque el procedimiento todavía debe resolverse.
Soto sostiene que, en la práctica, el Consistorio tendrá que asumir un incremento económico si finalmente se reconoce la reclamación de la empresa.
“Ayer nos dijeron que no había deuda y hoy sabemos que el Ayuntamiento está preparando una revisión del contrato para asumir medio millón de euros más cada año. Que lo llamen como quieran, pero ese dinero lo va a tener que pagar el Ayuntamiento y tienen que explicar de dónde va a salir”, afirma el edil socialista.
El PSOE cuestiona el adelanto del coste por parte de la empresa
Uno de los aspectos que los socialistas consideran especialmente relevante es que, mientras se tramita el expediente municipal, la concesionaria está asumiendo inicialmente el coste de los nuevos trabajadores.
“Eso es precisamente lo que venimos diciendo: el problema económico existe. Ahora falta saber cuándo lo van a reconocer, cuánto va a costar exactamente y cómo lo van a pagar”, señala Soto.
El Ayuntamiento, por su parte, mantiene que las obligaciones laborales con los trabajadores corresponden a la empresa concesionaria y diferencia estas cuestiones de la reclamación económica presentada para determinar si el coste de los once empleados debe incorporarse al contrato municipal.
El transporte urbano, de nuevo en el centro de la polémica
La disputa económica se produce en un contexto de conflicto laboral en el transporte urbano de Cartagena. Los sindicatos han convocado nuevas movilizaciones y una huelga para el 22 de septiembre, después de reclamar cantidades relacionadas con descansos no disfrutados y otras cuestiones laborales.
Para el PSOE, la situación evidencia problemas más amplios en la planificación y financiación del servicio.
“Cartagena necesita un transporte público con más medios, mejores frecuencias, más información, más digitalización y capacidad suficiente para atender la demanda. No podemos seguir funcionando a base de parches”, concluye Soto.
El Gobierno municipal rechaza que exista una deuda pendiente con la concesionaria y sostiene que las certificaciones del servicio se abonan conforme a los procedimientos administrativos. Además, el concejal de Infraestructuras, Diego Ortega, ha defendido que el Ayuntamiento ha incrementado en 2026 la inversión destinada al transporte público.
