La dirigente del PP anuncia en Murcia una reforma legal para reforzar la capacidad de respuesta de los agentes frente al narcotráfico

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha reclamado este viernes en Murcia más medios materiales y humanos para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ante el aumento de determinados indicadores de criminalidad registrado durante el primer semestre del año.

Gamarra ha anunciado además que el Grupo Popular ha registrado en el Congreso una proposición de ley orgánica para modificar la normativa de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con el objetivo de reforzar la protección de los agentes y su capacidad de respuesta ante situaciones de peligro.

La dirigente popular ha realizado estas declaraciones tras mantener una reunión con alcaldes, portavoces y responsables de seguridad del PP en la Región, en un acto en el que ha estado acompañada por el secretario general del PP regional, José Miguel Luengo.

El PP pone el foco en el aumento de determinados delitos

Gamarra ha utilizado los últimos datos del Ministerio del Interior sobre criminalidad para reclamar un cambio en las políticas de seguridad. Según el balance correspondiente al primer semestre de 2026, en la Región de Murcia se registraron 38.324 infracciones penales, un 5,6% más que en el mismo periodo del año anterior.

Entre los principales incrementos figuran los delitos graves y menos graves de lesiones y riñas tumultuarias, que aumentaron un 36,6%, hasta alcanzar los 787 casos. También crecieron los delitos contra la libertad sexual, un 6,4%; los robos con violencia o intimidación, un 7,1%; los hurtos, un 7%; y el tráfico de drogas, un 9,2%.

No obstante, el balance también recoge descensos en otras categorías. Los homicidios dolosos y asesinatos consumados bajaron un 58,3%, mientras que los robos con fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones descendieron un 10,3%.

En el conjunto de España, el Ministerio del Interior contabilizó 1.217.476 infracciones penales entre enero y junio, un 0,5% más que en el mismo periodo de 2025. Dentro de la criminalidad convencional, los delitos graves y menos graves de lesiones y riña tumultuaria aumentaron un 10,1%, los delitos contra la libertad sexual un 4% y el tráfico de drogas un 8,3%. En cambio, los robos con violencia bajaron un 0,8%, los robos con fuerza un 5,9% y los hurtos un 3,8%.

Críticas a la actuación del Gobierno

A partir de estos datos, Gamarra ha atribuido el incremento de la criminalidad a lo que ha definido como una falta de actuación del Gobierno central en materia de seguridad.

La dirigente del PP ha afirmado que la situación evidencia, a su juicio, una falta de medios para los agentes y ha reclamado una política de seguridad que permita mejorar su capacidad de actuación.

Estas afirmaciones forman parte de la valoración política realizada por el PP sobre los datos del Ministerio del Interior. El balance oficial recoge la evolución de las infracciones registradas, pero no establece que los incrementos o descensos sean consecuencia de una determinada actuación del Gobierno.

El PP plantea cambios ante el narcotráfico

Gamarra también se ha referido a la presencia de embarcaciones utilizadas por organizaciones dedicadas al narcotráfico en las costas de la Región de Murcia.

La dirigente popular ha denunciado que los agentes se encuentran, según su valoración, en una situación de desventaja frente a organizaciones que disponen de medios y armamento cada vez más sofisticados.

En este contexto, ha defendido la reforma legal registrada por el PP para reforzar la protección de los policías y guardias civiles que intervienen contra el narcotráfico y el crimen organizado.

La propuesta pretende, según ha explicado Gamarra, dotar a los agentes de mayores herramientas para responder ante situaciones de riesgo y garantizar su integridad durante las operaciones.

La dirigente popular ha asegurado que la protección de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad será una de las prioridades del PP y ha vinculado esta propuesta al compromiso de Alberto Núñez Feijóo con la seguridad y con las condiciones de trabajo de policías y guardias civiles.