La regidora considera “de extrema gravedad” la situación en la costa y denuncia la falta de efectivos y medios para hacer frente a la llegada de embarcaciones

La alcaldesa de Cartagena ha elevado el tono de sus críticas al Gobierno de España por la gestión de la llegada de inmigrantes a las costas del municipio. La regidora considera que la situación es de “extrema gravedad” y reclama al Ejecutivo central un refuerzo de los medios de vigilancia y de los efectivos destinados al control de la frontera marítima.

La alcaldesa ha cuestionado además que el Gobierno conociera desde el pasado mes de agosto, según las informaciones trasladadas por el propio presidente del Ejecutivo, la existencia de movimientos relacionados con la llegada de numerosas embarcaciones y que, pese a ello, no se adoptaran medidas suficientes para reforzar la vigilancia de la costa.

Uno de los aspectos que más preocupa al Ayuntamiento es la utilización de embarcaciones de gran velocidad y capacidad, a las que la regidora se ha referido como “narcolanchas pateras”. A su juicio, este tipo de embarcaciones evidencia la evolución de las redes dedicadas al tráfico de personas y la necesidad de reforzar los mecanismos de vigilancia e interceptación.

El Ayuntamiento denuncia la falta de medios en la costa

La alcaldesa también ha puesto el foco en los recursos disponibles para hacer frente a la situación migratoria. Según ha denunciado, Cartagena afronta el incremento de las llegadas con una dotación insuficiente de efectivos y con medios de vigilancia que, en algunos casos, se encuentran averiados o fuera de servicio.

El Gobierno municipal considera que estas carencias dificultan la capacidad de respuesta ante la llegada de embarcaciones y reclama al Ejecutivo central que informe sobre el estado real de los medios destinados a la vigilancia de la costa.

La regidora sostiene que el problema no se limita a una cuestión de recursos materiales, sino que afecta también a la coordinación entre las distintas administraciones implicadas en la gestión migratoria.

Críticas a la política migratoria del Gobierno

La alcaldesa ha cuestionado igualmente la política migratoria del Ejecutivo central y, en particular, las medidas de regularización de inmigrantes impulsadas por el Gobierno.

En su opinión, la respuesta a la inmigración irregular debe combinar la atención humanitaria con el cumplimiento de la legislación en materia de extranjería y una actuación contundente contra las redes que trafican con personas.

La regidora considera que los municipios están asumiendo buena parte de las consecuencias de una política que, según denuncia, no está acompañada de suficientes recursos estatales. También ha advertido de que la situación puede terminar afectando a la capacidad de acogida y a la convivencia si no se adoptan medidas estructurales.

El futuro del campamento del Hospital Naval

Otro de los principales puntos de conflicto entre el Ayuntamiento y el Gobierno central es el campamento instalado en el Hospital Naval para atender a inmigrantes llegados a la Región.

La alcaldesa recuerda que la instalación fue planteada como una solución provisional y exige que mantenga ese carácter. El Ayuntamiento reclama que el campamento sea desmontado cuando estén disponibles las infraestructuras definitivas previstas por el Estado.

En este sentido, la regidora ha vuelto a reclamar al Gobierno que avance en el compromiso de construir 14 Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) en distintos puntos de España, que considera una alternativa más adecuada para atender estas situaciones.

El Ayuntamiento defiende que la atención a las personas migrantes debe realizarse en instalaciones adecuadas y con los recursos necesarios, evitando que soluciones inicialmente temporales terminen convirtiéndose en permanentes.

Cartagena reclama una respuesta coordinada

La alcaldesa sostiene que Cartagena está afrontando una situación que requiere una respuesta coordinada entre el Gobierno central, la Comunidad Autónoma y los ayuntamientos.

La regidora reclama al Ejecutivo de Pedro Sánchez que incremente los medios de vigilancia en el litoral, mejore la coordinación con las administraciones locales y adopte medidas contra las organizaciones dedicadas al tráfico de personas.

El Ayuntamiento insiste en que la ciudad seguirá colaborando en la atención humanitaria, pero reclama que esa colaboración esté acompañada de recursos suficientes y de una estrategia estatal que permita afrontar el fenómeno migratorio más allá de las respuestas provisionales.