El diputado regional del PSOE Miguel Ortega ha cargado duramente contra el decreto de vivienda impulsado por el Gobierno de la Región de Murcia, presidido por Fernando López Miras, al considerar que la nueva normativa supone «un pelotazo urbanístico más disfrazado de política social». El parlamentario socialista sostiene que el texto, convalidado en la Asamblea Regional, no resolverá el problema del acceso a la vivienda ni facilitará la emancipación de los jóvenes o el acceso de las familias a una vivienda digna.
Durante su intervención, Ortega aseguró que el Ejecutivo autonómico lleva más de un año presentando este decreto como la solución definitiva a la crisis de la vivienda, aunque, a su juicio, las medidas aprobadas no tendrán un efecto real sobre el mercado. Según explicó, el decreto no contempla mecanismos para reducir el precio de compra o alquiler de las viviendas, tampoco establece límites a las rentas del alquiler ni garantiza un parque público permanente que permita ofrecer viviendas asequibles a largo plazo.
El diputado socialista recordó que la Región de Murcia es, según indicó, la comunidad autónoma donde más ha aumentado el precio de la vivienda en el último año. En este contexto, responsabilizó directamente al Gobierno regional de la situación, al considerar que sus políticas en materia de vivienda durante los últimos nueve años no han dado respuesta a las necesidades de la ciudadanía.
Ortega criticó además que el Ejecutivo de López Miras no haya promovido ninguna promoción pública de viviendas durante ese periodo y que ahora plantee como solución incrementar la construcción mediante una mayor flexibilización urbanística y una mayor participación de la iniciativa privada. En su opinión, el problema no radica únicamente en la falta de viviendas, sino en la ausencia de una oferta realmente asequible para quienes buscan acceder a una primera residencia.
El parlamentario socialista defendió que el PSOE no se opone a la construcción de nuevas viviendas, aunque insistió en que estas deben responder a una finalidad social y no convertirse en una oportunidad de negocio. «Queremos construir viviendas para que la gente pueda pagarlas, no para que se haga negocio», señaló, argumentando que el acceso a la vivienda requiere una mayor implicación de las administraciones públicas mediante la creación de un parque público estable.
Entre las principales críticas al decreto, Ortega destacó que la norma continúa confiando en que sea el mercado quien resuelva un problema que, según afirmó, el Gobierno regional no ha afrontado durante casi una década. En este sentido, aseguró que la nueva regulación favorece operaciones urbanísticas privadas y beneficia especialmente a quienes disponen de grandes bolsas de suelo en las principales ciudades de la Región.
Asimismo, denunció que el texto no garantiza el derecho constitucional a una vivienda digna ni facilita la emancipación de los jóvenes, al tiempo que consideró que está diseñado para favorecer intereses económicos particulares. Según manifestó, el decreto «está perfectamente diseñado para hacer negocio» y no para responder a las necesidades reales de la población.
Otro de los aspectos cuestionados por el diputado socialista hace referencia a la regulación de la vivienda protegida. Ortega criticó que PP y Vox hayan impulsado una modificación que reduce de diez a cinco años el periodo mínimo para poder vender este tipo de inmuebles y elimina el precio máximo de transmisión. A su juicio, esta decisión crea una «vivienda protegida especulativa» que desvirtúa el objetivo social de este tipo de promociones.
El PSOE reiteró durante el debate parlamentario su defensa de que las viviendas construidas sobre suelo público mantengan siempre su carácter público. En este sentido, Ortega insistió en que esta postura no ha variado desde que comenzó la tramitación del decreto hace un año y defendió que los recursos públicos deben destinarse a garantizar el acceso a la vivienda y no a favorecer procesos de especulación urbanística.
Con estas críticas, los socialistas justificaron su voto en contra de la convalidación del decreto al considerar que las medidas aprobadas no contribuirán a mejorar el acceso a la vivienda ni a contener el incremento de los precios que afecta actualmente al mercado inmobiliario en la Región de Murcia.
