Cese en Lhicarsa: el PSOE denuncia represalia política contra la oposición
El Grupo Municipal Socialista ha denunciado que el cese de Pedro Contreras como miembro del Consejo de Administración de Lhicarsa responde a una represalia política destinada a limitar la labor de control de la oposición sobre una de las empresas más relevantes del Ayuntamiento de Cartagena.
Según los socialistas, con esta decisión el equipo de gobierno municipal busca impedir que la oposición continúe fiscalizando la gestión de la compañía. «El Partido Popular no soporta la fiscalización. En lugar de responder a las preguntas y rendir cuentas, elimina a quien las hace. No es un cese personal; es un ataque a la función de control que corresponde legítimamente a la oposición. Esta es una muestra más de su política de represalia», señala el edil socialista.
El PSOE vincula el cese con el deterioro de Lhicarsa
El grupo municipal recuerda que la situación de Lhicarsa se ha deteriorado durante esta legislatura como consecuencia de la gestión del actual gobierno local, que, lejos de reforzar la transparencia, opta por cerrar espacios de control y apartar a quienes supervisan su actuación.
A ello se suma, según los socialistas, la delicada situación económica del Ayuntamiento de Cartagena, que se refleja en el empeoramiento de los servicios municipales.
El Grupo Municipal Socialista ha querido reconocer el trabajo de los profesionales de Lhicarsa, de sus representantes y de los funcionarios vinculados a la empresa, cuyo esfuerzo diario permite mantener un servicio esencial para la ciudad. «Son los trabajadores quienes sostienen Lhicarsa, pese a una gestión política que deja mucho que desear. La delicada situación económica del Ayuntamiento también está pasando factura a esta empresa mixta, como a otros muchos servicios municipales», añade.
«Quien intenta silenciar la fiscalización demuestra que teme la transparencia»
El edil socialista defiende que un gobierno seguro de su gestión no necesita apartar a la oposición de los órganos de control. «Un gobierno seguro de su gestión no elimina a la oposición de los órganos de control. Quien intenta silenciar la fiscalización demuestra que teme la transparencia», afirma.
Los socialistas consideran que esta decisión supone un nuevo paso en la estrategia del gobierno municipal para debilitar el papel de la oposición y reducir los mecanismos de control democrático, una forma de gobernar que, a su juicio, resulta incompatible con los principios de transparencia, buen gobierno y rendición de cuentas.
«Cartagena necesita un Gobierno que acepte el control democrático, no uno que utilice su mayoría para apartar a la oposición cada vez que ésta fiscaliza su gestión. La transparencia no se defiende con discursos, sino permitiendo que la oposición haga su trabajo», concluye.
