La Delegación del Gobierno en la Región de Murcia ha anunciado que impugnará el acuerdo adoptado por la Junta Local de Seguridad del Ayuntamiento de Murcia para constituir Juntas de Seguridad de Distrito, al considerar que la medida es contraria al ordenamiento jurídico vigente.
Según ha explicado la institución, la decisión municipal se aprobó sin informes previos que la respalden y responde a una motivación “puramente política”. Además, sostiene que, lejos de mejorar la coordinación entre administraciones y cuerpos policiales, podría perjudicar la gestión de la seguridad ciudadana.
La Delegación del Gobierno defiende que las Juntas de Seguridad de Distrito deben ser órganos dependientes de la Junta Local de Seguridad y no pueden convertirse en espacios abiertos de participación vecinal o de reivindicación territorial. En este sentido, cuestiona que la propuesta municipal contemple la asistencia de presidentes de juntas municipales, asociaciones, colectivos y otros agentes sociales convocados por la presidencia.
A juicio de la institución, esta composición podría comprometer la confidencialidad de información sensible relacionada con operativos policiales, análisis de criminalidad o dispositivos de seguridad, cuya difusión debe limitarse a las autoridades y responsables competentes.
Asimismo, recuerda que la normativa vigente ya contempla mecanismos específicos para la participación ciudadana en materia de seguridad a través de los Consejos Locales de Seguridad, órganos en los que sí pueden integrarse representantes vecinales, empresariales, sindicales y de otros sectores sociales.
La Delegación también advierte de que la división territorial en distritos del municipio de Murcia no coincide con las demarcaciones operativas de la Policía Nacional y la Guardia Civil. Por ello, considera que la creación de ocho juntas diferenciadas podría fragmentar el análisis de la delincuencia, dificultar la planificación preventiva y afectar a la coordinación de los cuerpos de seguridad.
El organismo estatal subraya que tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional y la propia Delegación del Gobierno votaron en contra de la propuesta durante la reunión de la Junta Local de Seguridad.
Por todo ello, sostiene que el acuerdo aprobado supone una interpretación incorrecta de la finalidad de las Juntas de Seguridad de Distrito, cuya composición, según la legislación vigente, debe quedar limitada a autoridades y fuerzas de seguridad con competencias en materia de seguridad ciudadana.
