La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, ha participado este jueves 18 de junio en el Foro Económico y Social del Mediterráneo celebrado en Barcelona, inaugurado por el Rey Felipe VI, en la mesa de grandes capitales del mediterráneo junto a los alcaldes de Barcelona, Málaga y Palma de Mallorca. En su intervención, Arroyo ha defendido la necesidad de unir a las capitales mediterráneas en redes de colaboración para crecer juntas, compartir capacidades y competir mejor en el escenario internacional, señalando como condición imprescindible la conexión de Cartagena al Corredor Mediterráneo.
La regidora ha argumentado que las ciudades mediterráneas comparten retos comunes y tienen capacidades complementarias que deben coordinar para contribuir al crecimiento de España, sumando la fuerza de sus puertos, áreas industriales y el conocimiento de sus universidades. En este sentido, ha planteado la conexión del puerto de Cartagena al Corredor Mediterráneo no solo como una reivindicación local, sino como parte de una estrategia común de los puertos mediterráneos españoles frente a la competencia de las grandes plataformas logísticas del norte de África.
Arroyo ha explicado que Cartagena está convirtiendo en oportunidades la inestabilidad internacional, reforzando su posición como capital mediterránea de la defensa, las nuevas energías y la logística. Su condición de puerto industrial, energético y base naval la sitúa en primera línea ante las crisis globales, desde la guerra de Ucrania hasta los cambios en las cadenas de suministro, pero esa misma posición le abre nuevas oportunidades. Escombreras avanza en proyectos de hidrógeno renovable y la industria naval se consolida en torno a la construcción de submarinos y las tecnologías duales de la defensa, en un momento en el que Europa busca mayor autonomía industrial y tecnológica.
La alcaldesa también ha abordado la cuestión de la vivienda, reclamando medidas estructurales para movilizar miles de viviendas vacías que no salen al mercado del alquiler por inseguridad jurídica o conflictos con inquilinos. Arroyo ha defendido más seguridad jurídica para propietarios e inquilinos, menos burocracia e impuestos para la vivienda asequible, la salida al alquiler del parque de la SAREB y medidas que complementen el nuevo PGOU, que prevé suelo para unas 120.000 viviendas en las próximas décadas.
