VOX ha registrado este martes una solicitud formal de información en todos los ayuntamientos de la Región de Murcia para conocer si se están realizando empadronamientos de personas en situación administrativa irregular en instalaciones municipales que, a su juicio, no reúnen las condiciones mínimas de habitabilidad, como comisarías de Policía Local, bibliotecas públicas u otras dependencias municipales.
La iniciativa ha sido presentada por el presidente regional de VOX, José Ángel Antelo, acompañado por el vicealcalde de Molina de Segura y responsable de Intermunicipal de VOX Murcia, Antonio Martínez Sánchez, y por el concejal de Seguridad Ciudadana, Protección Civil y Movilidad de VOX en Las Torres de Cotillas, Pablo Alberto Ruiz. Según ha explicado Antelo, la solicitud surge tras detectarse en este último municipio posibles irregularidades en empadronamientos.
Antelo ha recordado que la normativa vigente establece que el empadronamiento debe realizarse en espacios que cumplan unas condiciones mínimas de habitabilidad, algo que, según ha señalado, no se daría en determinadas instalaciones públicas destinadas a otros usos.
Desde VOX han anunciado que, una vez recibida la información solicitada, sus servicios jurídicos analizarán los datos y actuarán en consecuencia si se detectan irregularidades. Antelo ha señalado que el objetivo de la iniciativa es conocer con detalle cómo se están aplicando los criterios de empadronamiento en los distintos municipios de la Región.
Asimismo, ha advertido de que el empadronamiento en espacios municipales no habilitados puede tener consecuencias administrativas, al facilitar el acceso a determinados servicios y ayudas sociales, en un contexto marcado por las dificultades económicas de una parte de la población de la Región de Murcia.
En el mismo marco, Antelo ha vinculado estas políticas con problemas de convivencia y seguridad, y ha señalado la necesidad de revisar los procedimientos actuales para garantizar que se ajustan a la legalidad vigente.
Por último, VOX ha defendido que este tipo de actuaciones deben abordarse desde el respeto a la ley y con criterios claros, evitando prácticas que, a su juicio, puedan generar efectos negativos en los municipios y en determinados barrios.
